Libro: "La Planificación, teoría y praxis transformadora" de Ramón E. Azócar A.

ORDEN DEL LIBRO

PRESENTACIÓN

PARTE I
Tejido teórico-conceptual

1.- La Planificación
1.1.- Enfoques de la Planificación en el Ámbito de la Gerencia Institucional
1.2.- Modelo del Proceso Administrativo en el Ámbito del Contexto Institucional Venezolano
1.3.-La Planificación Institucional en el Marco de las Políticas Públicas
1.4.-La Planificación como un Método bajo la forma de Procesos
1.5.- La Planificación como Concepto de Arte
1.6.- La Planificación y la Gestión Organizacional
Referencia bibliográfica (Parte I)

PARTE II
Contexto de la Planificación en Venezuela
2.1.- La planificación en Venezuela
2.1.- ¿Ha fracasado la planificación en Venezuela?
2.3.- Marco legal de la planificación en Venezuela
2.4.- Naturaleza, fines y estructura de la Ley Orgánica de la Planificación en Venezuela
Referencia bibliográfica (Parte II)

PARTE III
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
3.1.- Crecimiento y desarrollo
3.2.- El Desarrollo Endógeno como un avance del sistema
3.3.-Algunas definiciones para el Desarrollo Endógeno
3.4.- El desarrollo endógeno como un avance del sistema
3.5.- El sentido de endógeno y exógeno
3.6.- Sustentable y sostenible
3.7.- Espiral de sustentabilidad y sostenibilidad para el desarrollo endógeno
3.7.1.- Desarrollo Endógeno: visto como fin y estrategia
3.7.2.- Los “roles” endógenos como alternativos
3.7.3.- Lo que no es Desarrollo Endógeno
3.7.4.- El Entorno emergente y el oficio de la Planificación

Referencia bibliográfica (Parte III)

PARTE IV
Las políticas públicas en el marco de la planificación con equidad
4.1.- PRIMERA APROXIMACIÓN TEORÉTICA
4.2.-SEGUNDA APROXIMACIÓN TEORÉTICA
4.3.- TERCERA APROXIMACIÓN TEORÉTICA
4.4.- CUARTA APROXIMACIÓN TEORÉTICA
4.5.- CERRANDO CÍRCULO

Referencia bibliográfica (Parte IV)

PRESENTACIÓN


Muchas veces no se comprende el significado de planificar antes de llevar a cabo las clases, o cualquier actividad institucional; porque se tiende a asumir esta tarea como una suerte de trámite con el que hay que cumplir frente a la Dirección o a la Unidad Técnico Pedagógica. Desde este enfoque, la planificación se transforma en una actividad más bien mecánica, que no coincide del todo con el desarrollo de las clases en la práctica.

Sin embargo, planificar es una labor fundamental en el quehacer docente y profesional de una persona, pues permite unir una teoría con la práctica. Es lo que posibilita pensar de manera coherente la secuencia de aprendizajes que se quiere lograr con los estudiantes, o de las metas u objetivos que se desean alcanzar como parte de una organización. De lo contrario, si no se piensa previamente lo que se quiere hacer, es posible que se perciba una serie de experiencias aisladas, destinadas a evaluar la acumulación de aprendizajes más que la consecución de un proceso.

La clave está en comprender la planificación como un “modelo previo”, en lugar de entenderla como una imposición. La planificación es lo que se quiere hacer en teoría, aunque el resultado en la práctica sea muchas veces diferente. Sin embargo, no obtener el resultado deseado no significa que la planificación sea poco adecuada, sino que hay que modificar aspectos en ella según el contexto en el cual se trabaja. La importancia de planificar radica en la necesidad de organizar de manera coherente lo que se quiere lograr. Ello implica tomar decisiones previas a la práctica sobre qué es lo que se aprenderá, para qué se hará y cómo se puede lograr de la mejor manera. Desde este punto de vista, es relevante determinar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que se abordarán, en qué cantidad y con qué profundidad (el “qué”). Pero no basta con eso. También hay que pensar en la finalidad de lo que estamos haciendo, ya que para los alumnos y alumnas resulta fundamental reconocer algún tipo de motivación o estímulo frente al nuevo aprendizaje (el “para qué”). De lo contrario, no perciben en las clases un sentido que vaya más allá de la obtención de una nota. Finalmente, se debe considerar también la forma más adecuada para trabajar con los alumnos y alumnas, pensando en actividades que podrían convertir el conocimiento en algo cercano e interesante para un grupo, dentro de un determinado contexto (el “cómo”). Por eso se recomienda modificar las planificaciones cada año, de acuerdo a los grupos con que se trabajará. Acerca de este tema, y otros que van desde los tópicos de gerencia como desde el ámbito de las ciencias de la educación, versa el presente libro del profesor Ramón E. Azócar A.; hombre de una inmensa trayectoria académica y literaria, quien en su afán por dejar una guía pedagógica de apoyo a estudiantes y docentes, confeccionó este texto con la ayuda de sus discípulos de postgrado y de quienes de una manera u otra, gravitamos entorno a su energía y sueños. Tienes en tus manos lector un esfuerzo lacerado por la paciencia, la sapiencia y la insistente reflexión crítica, de un hombre que actúa como piensa y siempre piensa en el bienestar de su prójimo.


Prof. Marlene J. Naim López
Catedrática de la UNELLEZ-VPA Portuguesa



PARTE I
Tejido teórico-conceptual



1.- La Planificación

Planificar, es aproximarse al futuro estando en el presente, para configurar modelos o escenarios a la medida de nuestras ideas. Existen autores que poseen diferentes puntos de vista sobre este tema, cada uno tiene una forma distinta de definir la planificación, incluso, algunos la ven como una ciencia, otros como un proceso administrativo, pero analizando los diferentes puntos de vista, podremos construir nuestro propio concepto de planificación.
Taylor (1856-1915, ingeniero mecánico y economista estadounidense, promotor de la organización científica del trabajo), por su parte, define la planificación como: “Uno de los elementos de la administración científica es la “conveniencia de un departamento de planificación o de preparación del trabajo”.

Dos de sus conclusiones son: “armonía, no discordia” y cooperación, no individualismo”. “Llegara la época en que todas las grandes obras serán hechas por este tipo de cooperación, en la cual cada hombre ejecuta la función para la que se encuentra más capacitado, conserva su propia individualidad y sobresale en esa función, y todo ello sin perder nada de su originalidad y de su propia iniciativa, y, sin embargo, controlando y trabajando armoniosamente con muchos otros hombres”.

Fayol (Estambul, 1841 - París, 1925), la define como: “una función destinada a “prever, organizar, mandar, coordinar y controlar” y dice que prever es “escrutar el porvenir y confeccionar el programa de acción”. Al mismo tiempo, Friedmann (1902-1977, sociólogo francés, fundador de la sociología del trabajo contemporánea tras la Segunda Guerra Mundial) opinó que: “En resumen el componente ideológico de la planificación dependía en su imagen como un instrumento eficaz, que en manos de economistas y tecnócratas hábiles, conducían a la realización de las aspiraciones nacionales”. Por otra parte, para Ahumada: “La planificación es ética y políticamente neutra. No es en sí buena ni mala. Se puede planificar para la justicia como para la injusticia, para la virtud como para el vicio. Es políticamente neutra, en el sentido que no exige ni mayor concentración ni mayor dispersión de decisiones”.

Todos estos puntos de vista, de autores destacados, nos permite crear un concepto de planificación en un ámbito administrativo, enmarcándonos dentro de las instituciones venezolanas, llegando a definir la planificación institucional como: “El proceso que permite expresar las decisiones políticas en objetivos institucionales en el corto, mediano y largo plazo. Esa Planificación institucional debe corresponder a los Planes de Desarrollo de la Nación y expresar los “productos finales o terminales” (Bienes y Servicios Finales) que realiza la entidad pública mediante sus “programas institucionales”, los mismos que deben ser compatibles con los Planes de Desarrollo. Dentro del proceso administrativo, podemos decir, que planificar, consiste en sistematizar previamente objetivos, estrategias y políticas en planes y programas de acción. Los objetivos son fines que se quieren alcanzar y las políticas, el marco referencial que se fija para ayudar en la toma de decisiones.

Por otro lado, Organizar, es otro de los conceptos que vemos ligados comúnmente a la planificación y se refiere a la obtención de recursos y a la estructura Organizativo-Funcional de la institución. Estructurar es determinar las unidades administrativas que componen una unidad mayor, las funciones que cumple cada unidad, y las responsabilidades y autoridad que se otorga. En Venezuela, podemos hablar de Planificación, como tal, es a partir de época reciente, puesto que se hicieron muchos intentos a través de los años pero todos resultaron con poco éxito y no lograron involucrar a los diferentes actores sociales de la nación. A lo largo de esos intentos, las organizaciones venezolanas, fueron evolucionando y adaptándose a los cambios que se hacían inminentes para llegar así a definir lo que conocemos como proceso evolutivo de las organizaciones venezolanas, el cual pasa por cuatro etapas, en cada una de ellas las organizaciones presentaban ciertas características que las diferenciaban y definían su evolución hacia una nueva etapa.

Para la primera etapa, la organización se basa en un modelo instrumental que considera al trabajador como una pieza más de su estructura, esta etapa, llamada por algunos autores, tradicional, se vincula con las ideas de organización propuestas por Taylor y Fayol. Ellos tienen como referencia el cambio que le imprime a la sociedad la revolución industrial. Era necesario diseñar nuevas formas de elaboración para obtener mayor producción y satisfacer las demandas crecientes de bienes y servicios. Y las características de las organizaciones de esta etapa son : poseen un concepto formalista de la organización, un concepto mecanicista del trabajador, un concepto de la división del trabajo y el concepto ampliado del Homo Economicus, que no es más que aquel individuo que trabaja por una remuneración, más que por cualquier otra cosa.

Luego, para la segunda etapa, que se da a partir de la segunda década del siglo XX se inicia una nueva concepción en el campo de la administración. Los científicos sociales reafirman que el elemento humano es el elemento más importante de la organización. Es aquí donde surge la denominada escuela de relaciones humanas cuyo sistema de valores se centra en armonizar el liderazgo, la comunicación y la motivación. Las organizaciones de la época poseían una característica fundamental, y era la convicción de que las instituciones no crecían mas allá de las aspiraciones del hombre que actuaba dentro de ellas, al mismo tiempo, tiende a desaparecer el hombre máquina para dar paso a un individuo con motivaciones complejas y diferenciadas, socialmente integrado, capaz de reflexionar y participar activamente en las decisiones del grupo. Es decir, capaz de contribuir con los procesos de planificación.

Después de la segunda guerra mundial, podemos decir que surge la tercera etapa dentro de la evolución de la organización venezolana, y en esta, las instituciones son el elemento fundamental para la recuperación económica y moral de la sociedad. De aquí nace la idea de darle mayor impulso a la organización, observándola como un sistema. Es lo que hoy se llama “Enfoque de Sistema” o “Teoría de la Organización”. En esta etapa, la organización es un sistema de actividades similar en cualquier contexto, el sistema funciona mediante la incorporación de insumos al proceso y la salida de bienes y servicios, como resultado de la operación organizacional de transformación, las decisiones se desarrollan siguiendo una racionalidad aprehensible, el hombre tiene una escala de valores que debe interpretar en cada situación, se trabaja con modelos simplificadores que insumen todas las alternativas, el comportamiento de la organización resultara de las decisiones que se adopten basadas en el sistema planificador.
Las etapas anteriores se caracterizan por los cambios ocurridos en la forma del trabajo, en la relación del individuo con la organización o en la sistematización de los procesos. En cambio, en la cuarta etapa, los cambios no se producen en la organización sino fuera de ella, pero la determinan. Y las principales características de la organizaciones de esta parte de la evolución organizativa venezolana son, la revalorización de los entornos, la renovación del sentido humano dentro de la empresa, la relevancia del conocimiento, la administración estratégica y el diálogo y negociación.

1.1.- Enfoques de la Planificación en el Ámbito de la Gerencia Institucional

De acuerdo a los estudios realizados por Julio Corredor, existen tres corrientes de planificación: la planificación administrativa, que se fundamenta en la búsqueda de soluciones futuras en las organizaciones, sin proponer cambios profundos en la estructura, la planificación normativa, la cual es aplicada a procesos que pueden experimentar cambios sin alterar las condiciones generales del contexto o sistema, y por último, la planificación estratégica, que asume la presencia de fuerzas internas y externa y las analiza con la finalidad de producir cambios profundos y sustituciones en la estructura del sistema.

En lo referente a la planificación administrativa, se puede que tiene su origen a raíz de la revolución industrial por la necesidad de hacer más eficientes los distintos procesos en las industrias. Desde entonces esta funge como parte del proceso administrativo en las organizaciones, es tradicional e insustituible mientras exista dicho proceso.

La planificación evoluciona desde los conceptos primarios, propuestos por autores como Taylor y Fayol, hasta un conjunto de técnicas y teorías que hoy nos permiten aproximarnos a la ciencia de la planificación.

La planificación administrativa como proceso racional promueve la previsión, estructuración, diseño y asignación óptima de recursos en las organizaciones, para que alcancen los resultados esperados en un tiempo y espacio dado. De este enfoque se derivan las otras modalidades de planificación conocidas en la actualidad.

Así surge la planificación normativa, la cual representa el deber ser de los procesos que se desarrollan en toda organización, Ahumada la define como “una metodología para la toma de decisiones, para escoger entre alternativas que se caracterizan porque permiten verificar la prioridad, la factibilidad y compatibilidad de los objetivos y permite seleccionar los instrumentos más eficientes”.

Esta impone o establece una serie de metas y acciones, fijando algún tipo de sanción cuando no son cumplidas. Es una herramienta basada en la lógica de la formulación de planes, programas y proyectos donde se plasma lo esperado por la organización, caracterizándose por ser enfática en lo tecnocrático; haciendo de la planificación una tecnología que orienta las formas de actuación. Sus objetivos son propuestos partiendo de en los resultados de los diagnósticos.

Podemos encontrar ejemplo de ese modelo en Sistema Nacional de Planificación, los planes de la Nación, la planificación regional, la planificación local, entre otros.

En la planificación normativa los planes describen de manera rigurosa las acciones que se debieran seguir para el logro de los objetivos que se esperan alcanzar, y los ejecutantes deben guiarse exclusivamente por las acciones previstas y la percepción del planificador.

Algunas de las caracteriza mas resaltantes en esta modalidad de planificación son las siguientes: se basa en la certeza del diagnostico, es rígida ya que no pueden salirse de los lineamientos, las acciones deben tener un seguimiento estricto para lograr los objetivos propuestos, se hace al más alto nivel y tiene un fuerte componente ideológico.

A pesar de que este modelo fue empleado en el ámbito gubernamental por largo tiempo, presenta ciertas desventajas como las siguientes:
- Tiene una exagerada visión economicista, con poca integración de otros sectores.
- Propicia el crecimiento, más no el desarrollo.
- Contempla previsiones más para la teoría que para la práctica del proceso.
- Como instrumento de cambio, tiene escasa posibilidad por ser el político el planificador.

No obstante, planificación normativa aun es empleada en un gran número de instituciones, pero en los últimos ha cobrado una connotación más táctica, dando origen de este modo a la planificación estratégica.

Por su parte, la planificación estratégica es considerada como una herramienta por excelencia de la gerencia, consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la organización y la formulación y puesta en marcha de estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas, todo esto en función de la misión y de sus objetivos, del medio ambiente y sus presiones y de los recursos disponibles. Koontz y Weihrich, afirman que: “Es un proceso muy complejo que requiere de un enfoque sistemático para identificar y analizar factores externos a la organización y confrontarlos con las capacidades”. La planificación estratégica tiene por finalidad producir cambios profundos en la organización y en la cultura interna.

Entre algunas de las características más resaltantes de la planificación estratégica se pueden mencionar: Incluye la aplicación de la intuición y el análisis para determinar las posiciones futuras que la organización o empresa debe alcanzar; Es un proceso dinámico lo suficientemente flexible para modificaciones en los planes a fin de responder a las cambiantes circunstancias; Es el componente intermedio del proceso de planeación, situado entre el pensamiento estratégico y la planeación táctica; Trata con el porvenir de las decisiones actuales, observa la cadena de consecuencias de las causas y efectos durante un tiempo, relacionadas con una decisión real o intencionada que tomará la dirección; y Busca identificar y llevar a la práctica los objetivos a largo plazo de la organización. Este proceso persigue la consecución de objetivos mediante la realización de esfuerzos humanos, técnicos y financieros.
En este sentido no se diferencia de los otros enfoques de planificación. La verdadera identidad del proceso de planificación estratégica, radica en que el mismo se orienta y descansa en la formulación de un cuerpo analítico que debe responder a preguntas relacionadas con nuestras posibilidades de actuación.

Cerrando un primer círculo, se puede decir que el proceso de planificación estratégica descansa en la formulación de tres tipos de planes fundamentales: los planes estratégicos de largo plazo; los programas a mediano plazo; los planes operativos y presupuestos a corto plazo. Estos tres tipos de planes conforman un sistema interconectado con diferentes puntos de unión que permiten a las estrategias de largo plazo reflejarse en las decisiones actuales.

Ahora bien, en los últimos años aparece un nuevo paradigma en lo que respecta a planificación, denominada planificación participativa, esta se concibe como una disciplina colectiva, donde los diferentes miembros de la organización participan en la fijación de objetivos y comprometen sus esfuerzos para materializarlos.

En Venezuela, esta modalidad de planificación está consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, puesta en ejecútese en el 2000, la cual en su artículo 299, hace referencia a la voluntad del estado de aplicar la planificación estratégica participativa.

Este mecanismo que efectiviza la participación social en el desarrollo, mediante una planificación “de abajo hacia arriba” que involucra a las organizaciones sociales en el diseño de su propio destino. Por tanto, se convierte en el principal instrumento metodológico y operativo para articular al Estado y la Sociedad Civil en el proceso de desarrollo. Abre la participación de los actores locales para tomar decisiones sobre aspectos como la orientación y las prioridades del desarrollo de los municipios y, por ende, las acciones que permitan su concreción.

El proceso cíclico de planificación participativa, en lo se refiere la gestión pública debe cumplir seis etapas, que son:
1.- Preparación y Organización: orientada a generar las condiciones adecuadas, define la participación de los actores y planifica las etapas;
2.- Diagnóstico: busca explicar la situación a partir de auto diagnósticos comunales que identifiquen los problemas, potencialidades y limitaciones;
3.- Formulación de la Estrategia: dirigida a definir la visión estratégica y las prioridades a mediano plazo (5 años) sobre la base del diagnóstico y las demandas comunales;
4.- Programación de Operaciones Anual (POA): mediante una elaboración participativa se concretan las prioridades y proyectos;
5.- Ejecución y Administración: comprende la ejecución anual de los POA materializando y gestionando actividades y proyectos; y
6.- Seguimiento, Evaluación y Ajuste: acompaña y verifica los rendimientos o logros, con la participación y control de los actores locales, para realizar los ajustes necesarios.

Con esta modalidad de planificación, se pretende que los ciudadanos se vuelvan actores de planificación, y de este modo imprimir corresponsabilidad en la gestión pública, es decir que tanto el estado como los ciudadanos sean responsables de gestión y manejo de los recursos de toda índole que deban emplearse en miras de concretar el desarrollo colectivo.

1.2.- Modelo del Proceso Administrativo en el Ámbito del Contexto Institucional Venezolano

A partir del año 1960, con la instauración de la democracia representativa, se formaliza el proceso de planificación en el Estado Venezolano, afianzándose en la promulgación de las Constituciones del año 1961, algunos aspectos se han mantenido en la Constitución de 1999. Ahora bien, en estas cuatro décadas de democracia, y de transición de gobiernos, el elemento de planificación ha estado presente, tomándose en consideración las tres corrientes de planificación anteriormente mencionadas.

Así mismo, el proceso de planificación en el contexto institucional venezolano, tuvo orientado en sus inicios, en la Constitución del 61, más hacia el desarrollo económico del país, evolucionando con la Constitución del 99, hacia un modelo de visión participativa y protagónica del colectivo hacia el desarrollo integral del Estado Venezolano. Pero para comprender con mejor tino esta evolución, es importante hacer un paneo por cada uno de los Planes de la Nación, tal cual como nos lo resume Corredor (2007) de una manera pedagógica y clara:

1.- Período 1960- 1968: A pesar que el pensamiento de Jorge Ahumada, tuvo gran influencia en el proceso planificador para la época con su enfoque sobre el “Tecnicismo en la Planificación”, el componente ideológico incidió durante este período, ya que la planificación se caracterizo por ser un instrumento para ratificar como un hecho político, las promesas expresadas en los programas que representaban los gobiernos para esa época.
Durante esta etapa se desarrollaron los tres primeros Planes (I, II, III) de la Nación, los cuales no pasaron de ser esfuerzos formales de planificación. En ellos solo hubo intenciones de concebir el crecimiento económico del país, para el logro del bienestar colectivo, es decir, no hubo ninguna transformación social propiamente dicha. Lo que sí pudo lograr, fue el consenso de todos los sectores económicos y sociales del ámbito nacional, para lograr legitimidad a los gobiernos establecidos para la época.

2.- Período 1970- 1974: En este período se desarrolla el IV Plan de la Nación bajo el primer gobierno de Rafael Caldera. Este plan se desarrolla bajo la filosofía de gobierno (social cristiana), señalándose el modelo de desarrollo que se quiere alcanzar, bajo una declaración de principios. En este mismo período, en el año 1969, se regula el desarrollo regional, bajo reglamento, dividiéndose el país en ocho regiones. Así mismo, son creadas la Corporación para el Desarrollo de Oriente (CORPORIENTE) y la Corporación para el Desarrollo del Sur (CODESUR).

3.- Período 1976- 1980: Durante este año se desarrolla el V Plan de la Nación, teniendo este una nota especial, debido a que es el único publicado mediante Decreto Ejecutivo, por el presidente Carlos Andrés Pérez y donde se establece que la acción de planificación corresponde al Ejecutivo Nacional. La estrategia de desarrollo plasmada en el mencionado plan estuvo relacionada con la política intervencionista del Estado, para el desarrollo de sus industrias básicas, es decir un Capitalismo de Estado. En este período se concibe un nuevo enfoque de planificación, el cual incluye al hombre como “instrumento y propósito del desarrollo”. (Corredor. Ob.cit. p. 107). Es decir, sus objetivos son más sociopolíticos que técnicos.

4.- Período 1981- 1985: Desarrollo del VI Plan de la Nación bajo el gobierno de Luís Herrera Campins. El mismo se asemeja al IV Plan, en su carácter retórico y declaración de principios. Ente las principales características del Plan se destacan: Modificación de las regiones administrativas y creación de la Asamblea de participación de la comunidad; implementación de planes sectoriales y regionales; crecimiento con redistribución; política económica neoliberal.

5.- Período 1986- 1992: Periodo de gran importancia, debido a que en él, se presenta un nuevo cambio de paradigma en el proceso de planificación venezolana; es decir, de querer pasar del enfoque normativo al enfoque de planificación estratégica situacional (VII Plan), y de esta a la planificación estratégica corporativa (VIII Plan).
El VII Plan de la Nación denominado Pacto Social, estuvo influenciado por el Centro de Estudios para Desarrollo (CENDES), bajo la coordinación de Luís Raúl Matos Azócar, quien decide pasar de la planificación normativa e incorporar la planificación estratégica situacional en el Plan de la Nación, debido a la grave crisis que para ese momento estaba atravesando el país, en el orden económico, institucional y social. El mencionado Plan, no se polariza con los enfoques de los dos planes anteriores; sino que “estimula nuevas formas democráticas y de participación de las fuerzas sociales”. (Corredor: Ob.cit. p. 116).

Su estrategia global se basa en dos elementos: La conformación de un proyecto político denominado Pacto Social, y la reestructuración del Estado. Sin embargo, la resistencia a este nuevo modelo de planificación estratégica, limito el éxito del mismo, debido a que los planes no se vincularon al proceso administrativo nacional, no afectando ninguna decisión vital para el desarrollo.

Con respecto al VIII Plan de la Nación, formulado en el segundo Gobierno de Carlos Andrés Pérez, y denominado El Gran Viraje, coincide con la grave crisis económica que enfrentaba el país para esa época. En este sentido se plantea una transformación profunda del Estado Venezolano en el ámbito económico, social, institucional, internacional, entre otros, es decir, un nuevo modelo de desarrollo basado en la economía de mercado. Para alcanzar estas metas el Estado venezolano se propone dejar las tendencias anteriores establecidas en los planes, como Estado interventor y Estado rector del desarrollo social y cultural.

El enfoque de planificación propuesta en este VIII Plan de la Nación fue la Planificación Corporativa, tomando en consideración el modelo estratégico predominante en los procesos de planificación. Sin embargo, es importante acotar, que el mencionado Plan no fue si no más que un discurso que no se ajustaba a la verdadera realidad que estaba viviendo el país para la época, lo que conllevo a realizar un Plan Paralelo con Fondo Monetario Internacional (FMI), donde el factor determinante del proceso planificador fue la deuda pública.

Este plan paralelo alcanza estructurar una nueva política economicista, basada en dos grandes estrategias. Una a mediano plazo, y la otra a corto plazo para ser ejecutada en el mismo ejercicio fiscal (1989), bajo un paquete de medidas económicas, lo cual conllevo a una explosión social para la época. Esta explosión del 27 de febrero de 1989, conllevó a que el gobierno decretara una serie de medidas para solucionar algunos aspectos generadores del conflicto, dejando ver la falta de planificación del Estado Venezolano, ante las respectivas situaciones.
Ahora bien, el VII y el VIII Plan de la Nación, a pesar de haber sido enfocados como planes estratégicos en sus dos modalidades, ambos no dejaron de ser planes normativos, ya que en ellos no previeron distintos escenarios que pudieron presentarse para la ejecución de los mismos, prevaleciendo la improvisación. Así mismo la falta de mecanismos de participación y comunicación con la sociedad civil, y los demás sectores, conllevaron al fracaso de ambos planes.

6.- Período 1993- 2007. Esta etapa al igual que la anterior, también es concebida de gran importancia. En primer lugar, por la transición que se vivió en el país, a la raíz de la salida del presidente Pérez, y del Gobierno provisional del Presidente Velásquez. En segundo lugar, porque los dos Planes que se desarrollaron durante este período, fueron antecedidos por programas puntuales para solventar la situación económica del país; y en tercer lugar, y el más importante, por la promulgación de la Constitución del año 1999,, la cual introduce cambios transcendentales, como el nuevo rol del Estado Venezolano en el proceso planificador.

Así al iniciarse el segundo gobierno del Presidente Rafael Caldera, en septiembre del año 1994, ante la crisis bancaria que precedió al nuevo gobierno y con graves repercusiones en vastos sectores de la sociedad, se puso en vigencia el Programa de Estabilización y Recuperación Económica (PERE), el cual fue concebido como un plan de corto plazo, el cual tenía como norte “restablecer los equilibrios macroeconómicos, fortalecer el aparato productivo, y mejorar la calidad de vida de la población”.(Corredor. Ob.cit. p. 150). Posteriormente, este programa fue integrado en el IX Plan de la Nación, formando parte de su estructura y desarrollo.

Este Plan fue titulado como:” Proyecto de País - Venezuela en Consenso”. El mismo fue formulado bajo el enfoque estratégico – corporativo, (dónde estamos, dónde queremos ir, y cómo podemos llegar) tomando la tesis de la CEPAL: “Desarrollo con Equidad”. Los cuatro factores claves en la ejecución del Plan fueron lo internacional, lo económico, social y la adaptación del Estado al proceso planificador. En relación a este punto, en el mismo se desarrollo tres planteamientos centrales: La conservación del ambiente, ordenación del territorio y reforma del Estado.
Ahora bien, a este Plan los sucede en el mismo período gubernamental, en el año 96, La Agenda Venezuela: “Lineamientos para un programa de cambio y estabilización y cambio estructural orientado al crecimiento y la solidaridad”. Los pilares fundamentales de la Agenda fueron: “Énfasis en lo social con orientación de equidad y justicia social; reducción drástica de la tasa de inflación mediante un programa fiscal-monetario y cambiario, políticas de ofertas en una estrategia de estabilización en el corto plazo y de crecimiento autosustentable en el mediano, negociación con organismos multilaterales con el objetivo de obtener recursos financieros para acometer reformas estructurales, financiar programas sociales y fortalecer la posición de las reservas internacionales”. (Corredor: Ob.cit. p. 162.)

Estas medidas fueron similares a las que tomo el Presidente Pérez en 1989, pero en un ambiente político, económico, social e institucional más favorable. Posteriormente en el año 1999, con la llegada al gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías (Sabaneta, 1954), se pone en ejecución un Programa Económico de Transición para el período 1999-2000, con la finalidad de promover el crecimiento económico del país, reducir la inflación y aumentar el nivel de empleo a través de una serie de estrategias establecidas por el gobierno.
Luego, la Constitución da una importancia transcendental al proceso planificador venezolano, estableciéndose un nuevo paradigma como es la planificación estratégica participativa en el Estado Venezolano, el cual toma en consideración las tres instancias territoriales de gobierno: nacional, estadal y municipal, llegando hasta el ámbito local.

Así mismo, esta Constitución creó el escenario, para la puesta en funcionamiento de una serie de normativas, consolidando y fortaleciendo la planificación en el sector público tales como: Ley Orgánica de Planificación, Ley de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Ley de los Consejos Estadales de Planificación, Ley de los Consejos Locales, entre otras.
Ahora bien, el éxito de la planificación en los dos Planes de la Nación establecidos por el gobierno (2001-2007; 2007-2013), ha sido el puente establecido con las comunidades, es decir, el aspecto social el cual prevalece sobre el ámbito económico, diferenciándolos así de los otros planes anteriormente mencionados y analizados. Hoy se cuenta con un nuevo programa de reconducción económica, 2013-2019, que ha venido a fortalecer la orientación social del Estado y los programas de atención directa a la pobreza y a la exclusión. Se ha establecido un criterio político para engranar la figura de las Misiones a las estrategias de las políticas públicas y se ha profundizado el fortalecimiento del poder popular, buscando siempre que la inversión social sea mayor cada año.

1.3.-La Planificación Institucional en el Marco de las Políticas Públicas

En lo que tiene que ver con la misión social del Estado y sus instituciones, el economista Charles Bettelheim es concreto en decir que “…proceder de manera satisfactoria, es decir, eficaz, en un reparto integral, a priori, de los medios de producción y de los productos en general es la necesidad del comercio socialista y de los organismos comerciales del Estado” (Guevara 2006, p.146). La planificación económica es la alternativa al mercado en la economía “socialista”. La Planificación es una forma de organización de la producción y de la distribución de bienes y servicios que se opone al mercado y es estatal.

En contraposición el reconocido argentino y guerrillero de la Sierra Maestra cubana, Ernesto “Che” Guevara, expresa: “No existe planificación con filosofía o ideología, la planificación es el modo de ser de una sociedad su categoría definitoria y el punto en que la conciencia del hombre alcanza, por fin, a sintetizar y dirigir la economía hacia su meta, la plena liberación del ser humano en el marco de la sociedad”. El Che, a diferencia de Bettelheim, le atribuye a la planificación mucho mayor poder de decisión. La planificación en la visión del Che no era tan solo una tarea económica, sino que era política y social, incluía el desarrollo planificado y proporcional de la economía y la creación de un nuevo tipo de relaciones humanas, la creación del hombre nuevo.

En la época moderna, para 1918, surge la planificación basada en la ley de justas proporciones, la cual hace una condición necesaria para intentar organizar y hacer funcionar la sociedad, también en el campo capitalista se inicia la planificación alrededor de 1930, con el control del gasto militar y la legislación monetaria.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las empresas comenzaron a darse cuenta de algunos aspectos que no eran controlables: la incertidumbre, el riesgo, la inestabilidad y un ambiente cambiante. Surgió, entonces, la necesidad de tener control relativo sobre los cambios rápidos. Como respuesta a tales circunstancias los gerentes comienzan a utilizar la planificación estratégica. La necesidad de un control sobre la economía, de una «dirección estatal», de una «planificación», es reconocida ahora por casi todas las corrientes del pensamiento burgués y pequeño burgués, desde los teóricos del fascismo hasta los de la socialdemocracia.

A todas estas, la situación de la técnica productora, con la complejidad de relaciones que determina, sólo haría posible la liberación de los trabajadores de todos los países dentro de una planificación de la economía mundial. La planificación del socialismo se distingue de las otras en que no se hará para satisfacer el interés privado ni para robustecer un despotismo político, sino para colocar el poder económico al servicio de la colectividad trabajadora.
Para el caso de Latinoamérica, sobre todo en el caso de Venezuela, todo este acervo histórico y cultural queda resumido en la juramentación que el Presidente Hugo Chávez hiciera en el 2008, a la Comisión Central de Planificación: “ … juran ustedes delante de la Patria, delante del pueblo, juran ustedes dedicarse por entero, sin descanso a sus brazos ni reposo a sus almas, a las tareas estratégicas, como Presidente y miembros de la Comisión Central de Planificación, para la esencial, vital, transición del modelo capitalista, dependiente, atrasado, colonizado; que ha producido tanta miseria, pobreza y dolor a nuestro pueblo; esa transición necesaria hacia un modelo socialista, un modelo socialista que genere y que le proporcione a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible? ¿Lo juran ustedes, compatriotas?...” (Caruci, 2008, p.13)

En este mismo orden de ideas, valga recordar la postura de Carlos Matus quien resume todo esto en un concepto muy atinado sobre lo que es la planificación: “La planificación es, en su esencia, un proceso de instancias de discusión, cálculo y análisis que preceden y presiden la acción futura que es relevante en la construcción de la situación-objetivo de un actor”.

Para que se pueda hacer mención del sentido real de la planificación se tiene que hacer referencia a que constituye un proceso que promueve instancias de discusión, no a sus formalidades externas, como podría ser su publicación en un texto escrito o a lo que una oficina de planificación hace, sino estar circunscrita bajo la premisa de los propósitos que exijan dos requisitos a ese proceso de discusión y cálculo: que se refiera a las acciones futuras relevantes para la construcción de la situación-objetivo; y que sea realizado con un mínimo de sistematicidad y formalidad en términos de integrar las implicaciones de las acciones presentes con el diseño del proyecto futuro”

En conclusión, la planificación no se puede aberrar bajo el estigma de si es socialista o capitalista. Para despejar toda duda, dejo al lector de este ensayo la libertad de asumir su posición al respeto, para ello aludo algunos autores que definen la planificación institucional desde respetables y aceptables acciones; a saber se puede concebir la planificación, tomando frases de pensadores reconocidos y autoridades en el tema, como:

 Metodología para la toma de decisiones (Jorge Ahumada);
 Disciplina para la selección y logro de objetivos (Max Constasti);
 Instrumento para coordinar todos los esfuerzos a fin de alcanzar objetivos en el campo del desarrollo económico y social de un país (Héctor Hurtado);
 Proceso de reflexión y acción humana (George F. Chadwick);
 Aproximación al futuro desde el presente para configurar escenarios (Julio Corredor);
 Programación que implica racionalidad para la elección de la acción y en la selección de fines y medios (Gonzalo Martner); Proceso social (Jorge, Giordani); y
 Arte y más que arte, como una artesanía (Hercilio Castellano).

1.4.-La Planificación como un Método bajo la forma de Procesos

Para mantener una realidad o su transformación en otra más deseable, mediante la distribución de recursos entre fines múltiples, es necesario mantener condiciones bajo las siguientes premisas: Reducción de costos, Maximización de beneficios, y Mantenimiento de equilibrios dinámicos entre las fuerzas sociales que poseen los recursos. Es un proceso como tal, porque define objetivos, diagnostica y proyecta, siguiendo el siguiente cuerpo metódico: prognosis, escenarios, imagen objetivo; selecciona instrumentos para alcanzar objetivos (múltiple criterio, jerarquización, análisis de suficiencia, compatibilidad y complementariedad), así como define mecanismos que facilite la toma de decisión.

Algo si debe tenerse en claro, no es ciencia, desde el punto de vista de Mario Bunge y su definición estricta de lo que es ciencia, la planificación no produce leyes, carece de universalidad ya que solo la ciencia y la técnica aplicada utilizan el método general de la ciencia pura. Así que no es ciencia aplicada ni técnica.

La planificación como arte por su parte, se fortalece al ser expresión de luz del conocimiento ordinario, entre los que destacas tres tipos: El conocimiento técnico que es especializado pero no científico, entre los que se incluye las artes y las habilidades profesionales; La protociencia que maneja la observación e incluso la experimentación pero sin objeto teórico; y las pseudociencias, que se niegan a someter a prueba sus afirmaciones o simplemente no pueden, como la cartomancia.

1.5.- La Planificación como Concepto de Arte


Planificar es simple, pero la práctica exige que el conductor suba por idoneidad a la categoría de “aprendiz de estadista”. Decía el Príncipe Von Bismarck (el alemán Otto-Leopold Bismarck, 1815-1898): “El político piensa en la próxima elección; el estadista, en la próxima generación.”

Los militares que echan manos a la táctica y ejecutan maniobras en tal sentido, despliegan las virtudes que los identifican como “estrategas”. Decía el político y militar ateniense Pericles (495-429 a. C.): “Los hombres famosos tienen por sepulcro la tierra eterna.”, vaya si lo fue y además fue a Él a quien se le otorgó el título de estratega.

Persiste en la vida cotidiana buenos ejemplos, porque también un padre planifica la educación de sus hijos (paternidad responsable) y una madre las normas que rigen la administración de la casa (economía doméstica). Así se planifica todo, siempre que seamos responsables frente a aquello que rodea nuestra existencia.
Arte o Artesanía, tal cual como lo esgrime Hercilio Castellano, la planificación es vista como un conjunto de procedimientos para lograr unos resultados; es decir que, utilizando unas pocas reglas y herramientas se elabora productos, manejando simultáneamente diversas ciencias, la intuición y la imaginación.

1.6.- La Planificación y la Gestión Organizacional

La planificación es parte de la vida diaria, donde las necesidades son múltiples y los recursos son escasos. Planificamos hasta para traer al mundo a otros seres, para sostenernos viviendo, para conseguir recursos y hacer nuestra vida más confortable; para ello nos preparamos intelectualmente, invertimos y trabajamos. Todos los actos de nuestra experiencia son generalmente planeados; podrían exceptuarse aquellos incidentes en que, por lo imprevisto, surgen sin darnos tiempo a planificar, entonces nos guiamos por el instinto, por el impulso que provoca el mismo incidente.

En el mundo complejo de la sociedad del conocimiento, donde la cotidianidad ahoga en múltiples problemas creados por la industrialización y por el poco cuidado que se le tiene al entorno natural, la planificación, con sus estrategias, tácticas proyectos y fases técnicas, resulta vital e imprescindible.

Es así que en el mundo occidental se han ensayado diversos modelos de planificación, que en sus momentos históricos han dependido del enfoque político, sistema económico o paradigmas de tipo científico tecnológico. El auge de una sociedad industrial bajo los modelos administrativos tayloriano y fayoliano, permitió el desarrollo de una planificación normativa, donde la linealidad, parcelamiento, objetivismo y medición de la realidad eran lo fundamental. Para la década del ochenta del siglo pasado, con base en las obras de Kaplan y Norton, se inició el boom de la planificación estratégica impulsada por el auge de la teleinformática y el manejo de grandes volúmenes de información.

La influencia de la ciencia y tecnología de finales del Siglo XX, y comienzo del siglo XXI, las nuevas metodologías de construcción de conocimientos, los nuevos modelos administrativos, las macrotendencias en el mundo económico, social y político, obligan a transitar caminos distintos en materia de planificación, a través de las cuales se planifica en incertidumbre, con datos relativos y para fenómenos cambiantes y multidimensionales.

Muchos autores han asumido una conceptualizado distinta de planificación, alejándola de ese punto de vista tecnicista que, en ocasiones, la ha capsulado al punto de sólo tener acceso a ella un grupo elitesco del mundo académico e institucional. Freddy Arráez (1995), la define como un proceso mediante la cual los decisores en una organización, analizan y procesan información de su entorno interno y externo, evaluando las diferentes situaciones vinculadas a la ejecutoria organizacional para prever y decidir sobre la direccionalidad futura.

Retomando los aportes de Julio Corredor (2007), hay variantes en la percepción actual de la planificación; ahora se aprecia una planificación Integral, definida como el proceso mediante el cual el logro de los objetivos exige la incorporación de todos los factores inherentes a la organización donde se produce la necesidad de planificar. Jorge Ahumada, en su momento, aportó una conceptualización de la planificación como una metodología para escoger entre alternativas que se caracteriza, porque permite verificas la prioridad, factibilidad y compatibilidad de los objetivos y permite seleccionar los instrumentos más eficientes.

En la mayoría de las definiciones de los estudiosos del área de planificación, se aprecian características más o menos comunes: la planificación es una metodología para la toma de decisiones; la planificación intenta optimizar el logro de los objetivos; la planificación trata de hacer coherente los objetivos con la disponibilidad de recursos y necesidades; la planificación es reflexión del presente para convertirla en reflexión sobre el futuro; la planificación es un proceso social; la planificación es un esfuerzo deliberado de cambiar una situación que resulta insatisfactoria; y la planificación intenta elegir racionalmente las alternativas que mejor se ajustan a los valores de quien las elige.
En este sentido, la mayoría de los autores coinciden en que la planificación es un proceso administrativo y como tal opera en las organizaciones. En el contexto específico de las organizaciones, la planificación es el proceso mediante la cual se decide la direccionalidad de las organizaciones. Se fijan objetivos futuros y se trazan trayectorias para la consecución de tales objetivos. También, la planificación permite el equilibrio adaptativo de la organización a su entorno procurando responder eficientemente a las demandas ambientales a partir de un flujo constante de información.

No obstante, se puede cerrar una segunda brecha del círculo definitorio de la planificación, esgrimiendo que es un componente del proceso de gestión, entendiendo por gestión la conducción del funcionamiento y desarrollo de un sistema, sea este una organización o parte de ella y los procesos que involucra. La gestión, y por ende, la planificación se relacionan con el gobierno de los sistemas. De allí que la planificación tiene como finalidad facilitar el gobierno de las organizaciones estableciendo la direccionalidad que las mismas deben asumir en el futuro y encauzando el esfuerzo colectivo en la dirección trazada.

El proceso de planificación se convierte en un instrumento de gestión, de negociación y de control organizacional. En ese sentido, el plan permite orientar la toma de decisiones, por cuanto contiene una serie de decisiones programadas a ejecutar en el futuro. Al plantearse los objetivos y la trayectoria a seguir producto de la búsqueda de consenso entre actores, el plan permite comunicar las expectativas y aspiraciones de grupos e individuos en la organización. Finalmente, el plan señala metas e indicadores que se convierten en referencias o standard para el control de la gestión.

En términos de proceso, diferentes autores plantean el mismo integrado por varias etapas, algunas de tipo secuencial otras incorporando la retroalimentación de etapas. Todos los autores coinciden en señalar que el proceso se inicia con un diagnóstico, estudio o investigación de la situación o realidad a planificar. Posteriormente se pasa a una etapa de programación, elaboración o formulación de alternativas que se discuten y deciden colectivamente para pasar después a una etapa de ejecución o aplicación y control. Por último, una vez se ejecuta el plan se procede a su evaluación. En resumen, el proceso se plantea en las siguientes etapas: Diagnóstico, estudio o investigación de la realidad, programación, elaboración o formulación, discusión y decisión, ejecución o aplicación, control y evaluación.
Tal como se muestra el conjunto de etapas, las mismas se solapan con otros procesos administrativos. La ejecución o aplicación del plan corresponde más al proceso de dirección que toma como insumo los aspectos formulados para ser llevados a cabo. El control es un proceso relacionado con la planificación pero contiene su propio método y la evaluación es un mecanismo de control. De allí que, en este caso, solo se aceptan como etapas del proceso de planificación el diagnóstico, la programación, la discusión y las decisiones de las opciones que formarán parte del plan.

El proceso se puede resumir en dos grandes fases que incorporan la comunicación y las decisiones respectivas. Esas fases son la de análisis y la de diseño. En la primera fase, el equipo que planifica define los problemas que deben ser resueltos, los describe, establece las relaciones entre estos, los diagramas para comunicarlos en forma de síntesis, los jerarquiza y selecciona nudos críticos. Una vez se llega a acuerdos sobre lo que se debe resolver se procede a diseñar objetivos y estrategias de resolución. El objetivo se refiere a la situación global que se estima alcanzar al final del plan y la estrategia se presenta como la combinación de recursos, procedimientos y trayectoria a seguir desde la situación presente a la situación objetivo definida.
En síntesis se puede decir, que si una organización aspira a permanecer sana debe plantearse objetivos realistas. La planificación está comprometida en la fijación de los objetivos de la organización y en las formas generales para alcanzarlos.

Referencia bibliográfica (Parte I)

 Caruci, F. (2008). Planificación Estratégica por Problemas: Un Enfoque Participativo. Caracas: Fundación Escuela de Gerencia Social.
 Castellano, H. (2008). La Planificación. (Segunda Edición). Caracas: CENDES.
 Corredor, J. (2004). La Planificación. Nuevos Enfoques y Proposiciones para su Aplicación el Siglo XXI. Caracas: Vadell Hermanos Editores.
 Guevara, E. (1978).Apuntes Críticos a la Economía Política. La Habana: Centro de Estudios Che Guevara.
 Matus, C. (1983) ¿Qué es la Planificación de Situaciones? Cuadernos de la Sociedad Venezolana de Planificación N° 147-149.
 Molins, M. (1991) Introducción a la Planificación General. Caracas: Ediciones FACES.

PARTE II
Contexto de la Planificación en Venezuela

2.1.- La planificación en Venezuela

El Estado tiene la responsabilidad de definir las políticas de desarrollo, elaborar los planes y programas de acción gubernamental, y ejecutarlos a través de los mecanismos presupuestarios o de programación anual.
Desde el año 1941, en Venezuela hubo esfuerzos importantes en el proceso de formulación y ejecución de planes, así como, en el establecimiento de arreglos institucionales para garantizar el desarrollo, además de la imperiosa necesidad que tenía el país de acometer obras públicas, para empezar a superar el estado de atraso en que se encontraba, luego de haber permanecido los primeros treinta y cinco años del siglo XX, sumido en una férrea dictadura. Para ordenar ese proceso de ejecución de obras, se creó el Consejo Nacional de Obras Públicas, el cual puede considerarse como el primer órgano de planificación del país.

El Presidente de la República Isaías Medina Angarita, anunció el 31 de enero de 1942, el Plan Cuatrienal de Obras Públicas, donde se preveía una inversión de cien millones de dólares a ser ejecutados entre 1942 y 1946. Allí se contemplaban obras sanitarias, de vialidad, puertos y aeropuertos, edificios públicos, edificaciones escolares, apoyo a la agricultura y a la ganadería y el desarrollo dentro de la agroindustria, de aquellas industrias preferenciales para subsanar situaciones carenciales de productos como; gradas y aceites, leche en polvo, etc. Años más tarde, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) formuló, entre otros, los siguientes planes: Plan Preliminar de Transporte (1947), Primer Plan Preliminar de Electrificación (1947), y conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Cría, el Plan Mínimo de Producción Agrícola (1946-1947) y el Plan de Irrigación de 20 años (1949).

Así mismo, en el periodo antes de 1958, se crearon el Ministerio de Minas e Hidrocarburos (1951), con el objeto de regular las relaciones con las industrias transnacionales del petróleo, y la Oficina de Estudios de la Presidencia de la República, con la finalidad de impulsar la creación de industrias básicas en los sectores siderúrgicos y petroquímicos.
En 1958 se crea la Oficina Nacional de Coordinación y Planificación (CORDIPLAN) hoy en día Ministerio para el Poder Popular de Planificación y Desarrollo, como órgano codificador de los planes. En Venezuela se planifica formalmente el desarrollo desde la promulgación del primer plan de la nación en el año 1960.

La Constitución de 1961, en su artículo 98, definía al Estado como potencial Planificador estableciendo “protegerá la iniciativa privada, sin perjuicio de la facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y fomentar la producción, y regular la circulación, distribución y consumo de la riqueza, a fin de impulsar el desarrollo económico del país”. Los planes de la nación, como se ahondó en el aparte I de este texto, ha sido el instrumento utilizado en Venezuela para representar físicamente la planificación en sus período políticos modernos. Entre las características más importantes de este plan se destacan:

 Decreto sobre regionalización y participación de la comunidad: Mediante este instrumento se modifican las regiones administrativas y se crea la Asamblea de Participación de la Comunidad.
 Planes sectoriales y regionales: Se implementó un esquema de formulación para integrar tres niveles de planificación: global, pectoral y regional.
 Estrategia de plazo post-plan: Concertación con las fuerzas políticas sobre el compromiso del plan.
 Crecimiento con redistribución: Avanzar hacia el establecimiento de una sociedad más democrática y más igualitaria.
 Política Económica: Esta acción siempre ha sido conjuntada para el gobierno.

Es importante hacer referencia a los aspectos generales del décimo plan de la nación (2001-2007), que tiene como valor histórico e institucional, haber propiciado un cambio sustancial en la formulación de las políticas públicas. Fue presentado a través de un esquema denominado “Líneas Generales de Desarrollo Económico y Social del la Nación 2001-2007”, precedido por el Programa Económico de Transición 1999-2000. El método de equilibrios ramificados que se aplicó, permitiría visualizar con mayor exactitud el diseño del proceso planificador y sus interconexiones de frontera con la realidad. Sus características determinantes son:

1. Equilibrio Político: La idea es crear una Venezuela bolivariana estableciendo una democracia social de derecho y justicia, con respeto a los derechos humanos y logrando una vida colectiva basada en la libertad, la igualdad, la solidaridad y la equidad. Esto requiere una profunda transformación que consolide la democracia participativa y protagónica para que el pueblo disponga de capacidades de regulación y control de la gestión del aparato del Estado.
2. Equilibrio Territorial: El propósito es ocupar y consolidar el territorio. El equilibrio territorial se logrará descentralizando y desconcentrando. Como apoyo a esta política el plan propone potenciar las tres fachadas de integración (Amazónica, Andina y Caribeña) y los tres ejes de desconcentración (Occidental, Orinoco-Apure y Oriental).
3. Equilibrio Internacional: Fortalecer la soberanía nacional y promover un mundo multipolar, conformando bloques diversos con base en la potencialización de la OPEP y la participación e el mercado petrolero mundial. Aunado a esto se ratifica el compromiso de ampliación y profundización de la democracia mediante el desarrollo económico y social internacional equitativo, erradicación de la pobreza, superación del endeudamiento externo y unos justos términos de intercambios comercial e internacional que valoren las materias primas y los bienes del país.
4. Equilibrio Económico: Abatir la inflación, lograr una tasa de crecimiento que incorpore masivamente la fuerza de trabajo desempleada al mercado laboral. Generar mejores salarios, aumentar la inversión y modernizar el aparato productivo en un marco de justicia y equidad social. Profundizar la democracia económica con la participación autogestionaria de todos y la convergencia de diversas formas de propiedad y de relaciones de producción y consumo urbano rural. Y finalmente apoyar iniciativas autogestionarias en un sistema de micro finanzas y de asistencia técnica a las comunidades organizadas.
5. Equilibrio Social: Tiene como propósito alcanzar la justicia social en los campos de la educación, alimentación, salud, vivienda, cultura, recreación y seguridad, mediante la corresponsabilidad del Estado y la sociedad. Una clave será el control social de las intervenciones del Estado para garantizar la equidad y disminuir brechas sociales.

El Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013, orientó a Venezuela hacia la construcción del Socialismo del Siglo XXI, a través de las siguientes directrices:

1. Nueva Ética Socialista: Propone la refundación de la Nación Venezolana, la cual hunde sus raíces en la fusión de los valores y principios de lo más avanzado de las corrientes humanistas del Socialismo y de la herencia histórica del pensamiento de Simón Bolívar.
2. La Suprema Felicidad Social: A partir de la construcción de una estructura social incluyente, un nuevo modelo social, productivo, humanista y endógeno, se persigue que todos vivamos en similares condiciones, rumbo a lo que decía el Libertador: “La Suprema Felicidad Social”.
3. Democracia Protagónica y Revolucionaria: Para esta nueva fase de la Revolución Bolivariana se consolidará la organización social, de tal manera de transformar su debilidad individual en fuerza colectiva, reforzando la independencia, la libertad y el poder originario del individuo.
4. Modelo Productivo Socialista: Con el fin de lograr trabajo con significado, se buscará la eliminación de su división social, de su estructura jerárquica y de la disyuntiva entre la satisfacción de las necesidades humanas y la producción de riqueza subordinada a la reproducción del capital.
5. Nueva Geopolítica Nacional: La modificación de la estructura socio-territorial de Venezuela persigue la articulación interna del modelo productivo, a través de un desarrollo territorial desconcentrado, definido por ejes integradores, regiones programa, un sistema de ciudades interconectadas y un ambiente sustentable.
6. Venezuela: Potencia Energética Mundial: El acervo energético del país posibilita una estrategia que combina el uso soberano del recurso con la integración regional y mundial. El petróleo continuará siendo decisivo para la captación de recursos del exterior, la generación de inversiones productivas internas, la satisfacción de las propias necesidades de energía y la consolidación del Modelo Productivo Socialista.
7. Nueva Geopolítica Internacional: La construcción de un mundo multipolar implica la creación de nuevos polos de poder que representen el quiebre de la hegemonía unipolar, en la búsqueda de la justicia social, la solidaridad y las garantías de paz, bajo la profundización del diálogo fraterno entre los pueblos, su autodeterminación y el respeto de las libertades de pensamiento.

2.2.- ¿Ha fracasado la planificación en Venezuela?

Es indudable que el hecho más significativo a los efectos del proceso planificador es el fracaso mismo de la planificación como instrumento de apoyo y viabilidad para producir los cambios sociales y alcanzar niveles socio-económicos aceptables por el pueblo. Se aleja cada día más la posibilidad de aplicar el modelo comunicativo de final abierto que conecta a las sociedades con las fuerzas generadoras de bienestar.

Nunca los planes en Venezuela fueron el hilo conductor del proceso político-social, pero sí sirvieron de experiencia para no ir más allá de los límites críticos y de fracturas situacionales para evitar el caos. También fueron los planes, modelos deseables, tanto es así que la discusión teórica se centraba en la planificación posible.
La experiencia en Venezuela nos dice claramente que la planificación, como instrumento para construir el futuro, ha fracasado y por tanto hay que inventar nuevas formas de compromiso social. Mientras tanto habrá que seguir mejorando los mecanismos para canalizar los conflictos y propiciar la cooperación de los grupos sociales en pugna.
Con la creación de la Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República mediante Decreto Ley No 492 de la Junta de Gobierno de la República de Venezuela de fecha 30 de diciembre de 1958, se institucionalizó la planificación en Venezuela, como una labor de análisis, proyección y formulación de metas generales.

La Enmienda Nº 2, a la Constitución de la República de 1961, efectuada en 1983, obligaba al Ejecutivo Nacional a presentar al Congreso Nacional, para su aprobación en el transcurso del primer año de cada período constitucional, las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la Nación, y exigía que estas cumplieran con la Ley Orgánica de Planificación. Sin embargo, ni los planes fueron aprobados ni la Ley fue promulgada.
Con la nueva Administración que se inició en febrero de 1999, se asume la planificación como alta política de Estado lo que se plasma en la creación del Ministerio de Planificación y Desarrollo. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se reafirma la importancia de la planificación y desarrollo como función fundamental del Estado.
La Ley Orgánica de Planificación, establece el marco normativo que será desarrollado en las leyes que instauran la organización y funcionamiento de los Consejos de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, los Consejos Locales de Planificación Pública y el Consejo Federal de Gobierno, instituidos en los artículos 166, 182 y 185 de la Constitución de la República.

2.3.- Marco legal de la planificación en Venezuela

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Gaceta Oficial Nº 5.453 Extraordinaria del 24/03/2002.
 CORDIPLAN. Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República, creada por decreto Presidencial Nº 492 del 30 de diciembre de 1958.
 OCP. Creación 04/09/1970, con la promulgación de la Ley de Carrera Administrativa, cuando se crea la Oficina Central de Personal, como organismo dependiente de la Presidencia de la República. Inicia sus actividades el 01/01/1971.
 REGLAMENTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. Decreto Nº 380 Fecha: 15 de noviembre de 1.999, Gaceta Nº 36.829.
 DECRETO CON RANGO Y FUERZA DE LEY ÓRGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL. Gaceta Oficial Nº 36.850 del 14 de Diciembre de 1.999.
 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO. Gaceta Oficial Nº 37.029 del 05 de Septiembre de 2.000.
 DECRETO CON FUERZA DE LEY ORGANICA DE PLANIFICACION. Gaceta Oficial N° 5.554 Extraordinaria de fecha 13 de noviembre de 2001. Decreto Nº 1.528 06 de noviembre de 2001.
 LEY DE LOS CONSEJOS LOCALES PLANIFICACIÓN PUBLICA. Gaceta Oficial Nº 37.463, Fecha: 12 DE JUNIO DEL 2002.
 LEY DE LOS CONSEJOS ESTADALES DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS. Gaceta Oficial Nº 37.509 del 20 de Agosto de 2.002.
 DECRETO SOBRE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA NACIONAL. Decreto N° 5.246 Fecha: 20 de marzo de 2007. Gaceta Nº 38.654.
 DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN CENTRAL DE PLANIFICACIÓN. Decreto N° 5.384 12 de junio de 2007.


CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA. Gaceta Oficial Nº 5.453 Extraordinaria del 24/03/2002

El Estado promueve la iniciativa privada sin perjuicio de su facultad de planificar. (ARTICULO 112).
En cada Estado se creará un Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Pública. (ARTICULO 166).
Se crea el Consejo Local de Planificación Pública. (ARTICULO 182).
El Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios. (ARTICULO 185).
El Presidente de la República se reserva la atribución de formular el Plan Nacional y dirigir su ejecución. ARTICULO 236, NUMERAL 18).
Garantizar la justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta. (ARTICULO Nº 299).

CORDIPLAN
Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República, creada por decreto Presidencial Nº 492 del 30 de diciembre de 1958.
Misión: Asesorar al Presidente de la República, al Consejo de Ministros y a los demás centros de decisión del Gobierno, en la formulación e instrumentación de la estrategia de desarrollo económico - social del país, promoviendo para tal efecto los planes, políticas y proyectos Nacionales compatibles con esta estrategia, facilitando al mismo tiempo la indispensable coordinación entre las organizaciones relevantes para su ejecución.

OCP

Era el organismo asesor de la Presidencia de la República y del Consejo de Ministros en materia de administración de personal.
Fue creada para elaborar y organizar el Sistema de Personal para la Administración Pública, siendo responsable también por su supervisión, desarrollo y aplicación.
El origen de la Oficina se remonta al 27 de junio de 1958 cuando la Junta de Gobierno que precedió a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez crea mediante Decreto N° 287 la Comisión de Administración Pública. Esta Comisión, en su carácter de asesora, tuvo entre sus funciones iniciales el estudio de la organización, métodos y procedimientos de nuestra Administración Pública y las Condiciones del Funcionario Público.
Fue creada el 4 de septiembre de 1970, con la promulgación de la Ley de Carrera Administrativa, cuando se crea la Oficina Central de Personal (Artículo 8), Ley de Carrera Administrativa), como organismo dependiente de la Presidencia de la República. Inicio sus actividades el 1° de enero de 1971.


REGLAMENTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. Decreto Nº 380 Fecha: 15 de noviembre de 1.999, Gaceta Nº 36.829.

CAPITULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1°: El Ministerio de Planificación y Desarrollo estará integrado por el Despacho del Ministro, él Despacho del Vice Ministro de Planificación y Desarrollo Económico, el Despacho del Vice Ministro de Planificación y Desarrollo Regional y el Despacho del Vice Ministro de Planificación y Desarrollo Institucional.


CAPITULO VI
De los Servicios

Autónomos y Demás Órganos Desconcentrados


Artículo 31: Forman Parte integrante de la estructura organizativa del Ministerio de Planificación y Desarrollo, los Servicios Autónomos: Sistema Nacional de Adiestramiento (SNA) y Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES), los cuales estarán adscritos a dicho Ministerio cumplirán con las competencias y atribuciones que le señalen los actos normativos correspondientes. Igualmente estarán adscritos al Ministerio de Planificación, Desarrollo, los órganos desconcentrados que determine la Ley.

Disposiciones Finales
Artículo 33:
Se deroga el Decreto N° 2.674 de fecha agosto de 1998, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.543 de fecha 21 de septiembre de mediante el cual se dictó la Reforma del Reglamento Orgánico de la Oficina Central de Coordinación y Planificación Presidencia de la República (CORDIPLAN).

DECRETO CON RANGO Y FUERZA DE LEY ÓRGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL. Gaceta Oficial Nº 36.850 del 14 de Diciembre de 1.999.
Establece la estructura y rige el funcionamiento de la Administración Central…, (ARTICULO 1).

Mediante el ARTÍCULO 51, se crea el Ministerio de Planificación y Desarrollo y le asigna atribuciones, entre ellas:
1. Regula el proceso de Planificación indicando la formulación y evaluación de los distintos planes.
2. Establece los términos regulatorios de la gestión de recursos humanos en la función pública.
3. Describe lo que le corresponde al Ministerio en el proyecto de modernización institucional de la Administración Pública Nacional.

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO. Gaceta Oficial Nº 37.029 del 05 de Septiembre de 2.000

El sistema que se vincula directamente con el proceso planificador es el Presupuesto. El Presupuesto expresa en cifras los planes de corto plazo, anuales, que a la vez derivan de los planes de mediano plazo, ajustándose al ingreso nacional previsto en el año fiscal correspondiente. Por consiguiente surgen los dos planes de presupuesto público: de ingresos y de egresos.

7.- DECRETO CON FUERZA DE LEY ORGANICA DE PLANIFICACION. Gaceta Oficial N° 5.554 Extraordinaria de fecha 13 de noviembre de 2001. Decreto Nº 1.528 06 de noviembre de 2001.
Objeto y Finalidad
• Artículo 1°. … tiene por objeto establecer las bases y lineamientos para la construcción, la viabilidad, el perfeccionamiento y la organización de la planificación en los diferentes niveles territoriales de gobierno, así como el fortalecimiento de los mecanismos de consulta y participación democrática en la misma.
Definición
• Artículo 2°. … la tecnología permanente, ininterrumpida y reiterada del Estado y la sociedad, destinada a lograr su cambio estructural de conformidad con la Constitución de la República.

LEY DE LOS CONSEJOS LOCALES PLANIFICACIÓN PUBLICA. Gaceta Oficial Nº 37.463, Fecha: 12 DE JUNIO DEL 2002

La importancia de esta ley reside en la necesidad de integrar los esfuerzos por el bienestar colectivo del gobierno municipal con las comunidades organizadas.
Objeto
ARTICULO 1.
La presente Ley tiene por objeto establecer las disposiciones y bases para la organización de los Consejos Locales de Planificación Pública para hacer eficaz su intervención en la planificación que conjuntamente efectuará el gobierno municipal respectivo, y el concurso de las comunidades organizadas.

LEY DE LOS CONSEJOS ESTADALES DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS. Gaceta Oficial Nº 37.509 del 20 de Agosto de 2.002.

Su objeto es la creación, organización, establecimiento de competencias del Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, en cada estado, a fines de promover el desarrollo armónico y sustentable.

DECRETO SOBRE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA NACIONAL. Decreto N° 5.246 Fecha: 20 de marzo de 2007. Gaceta Nº 38.654.

CAPITULO I. Disposiciones Generales
Artículo 1°: La Administración Pública Central está integrada por la Presidencia de la República, la Vicepresidencia de la República, los Ministerios y demás órganos creados o que se crearen de conformidad con la ley.

Artículo 2°: Los órganos que integran la Administración Pública Central estarán regulados internamente por un Reglamento Orgánico, el cual deberá ser decretado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros.

CAPITULO II. De la Presidencia de la República
Artículo 3°: La Presidencia de la República es la estructura de apoyo al Presidente de la República en el ejercicio de sus funciones como Jefe del Estado y del Ejecutivo Nacional, y contará con el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, para todo lo referente a su ejercicio administrativo y financiero.

Artículo 22° Son competencias del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo:

 La regulación, formulación y seguimiento de las políticas de planificación y desarrollo institucional;
 La formulación de estrategias de desarrollo económico y social de la Nación, y la preparación de las proyecciones y alternativas;
 La formulación y seguimiento del Plan de la Nación, del Plan Operativo Anual y del Plan de Inversiones Públicas;
 La propuesta de los lineamientos de la planificación del Estado y de la planificación física y espacial en escala nacional;
 La coordinación y compatibilización de los diversos programas sectoriales, estadales y municipales;
 La coordinación de las actividades de desarrollo regional;
 La asistencia técnica a los Órganos del Poder Público;
 La asistencia técnica y financiera internacional;
 La vigilancia y evaluación de los programas y proyectos de asistencia técnica que se ejecuten en el país;
 La regulación, formulación y seguimiento de las políticas de la función pública;
 La coordinación y administración del sistema integral de información sobre personal de la Administración Pública;
 La regulación y formulación de las políticas de reclutamiento, selección, formación, evaluación, promoción, remuneración, seguridad social y egreso de los funcionarios públicos;
 La supervisión y coordinación de las oficinas de personal de la Administración Pública Nacional, así como las competencias que le señale la Ley del Estatuto de la Función Pública;
 La evaluación de la gestión de recursos humanos de los órganos de la Administración Central y Descentralizada Funcionalmente;
 La modernización institucional de la Administración Pública Nacional, lo cual comprende el estudio, propuesta, coordinación y evaluación de las directrices y políticas referidas a la estructura y funciones en todos sus sectores y niveles, así como las propuestas, el seguimiento y la evaluación de las acciones tendentes a su modernización administrativa en general;
 La realización de la evaluación de los resultados de la gestión de los organismos que integran la Administración Pública Nacional y su divulgación, particularmente la evaluación del desempeño institucional de los órganos de la Administración Central y Descentralizada Funcionalmente y la formulación de los convenios que sean suscritos entre el Ejecutivo Nacional y los organismos sujetos a evaluación de sus resultados;
 Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos.


CAPITULO V. De la Organización Interna de los Ministerio
Articulo 33: Cada Ministerio estará integrado por el Despacho del Ministro y los Despachos de los Viceministros. El Despacho del Ministro contará con la Dirección del Despacho y las dependencias y funcionarios necesarios para el cumplimiento de sus fines, según lo determine el correspondiente Reglamento Orgánico.

Disposiciones Transitorias
Vigésima segunda: Se adscribe al Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo:
• Instituto Nacional de Estadística.
• Instituto Venezolano de Planificación (IVEPLAN).
• Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental (FUDECO).
• Fundación Escuela de Gerencia Pública.
• Corporación de Desarrollo de la Región Central (CORPOCENTRO).
• Corporación de Desarrollo de la Región de los Llanos (CORPOLLANOS).
• Corporación de Desarrollo de la Región de los Andes (CORPOANDES).
• Corporación de la Región del Zulia (CORPOZULIA).
• Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas (CORPOVARGAS).
• Fundación Escuela Venezolana de Planificación.

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN CENTRAL DE PLANIFICACIÓN. Decreto N° 5.384 12 de junio de 2007.
Objeto:
Artículo 1º … crear la Comisión Central de Planificación, de carácter permanente, que atendiendo a una visión de totalidad, elaborará, coordinará, consolidará, hará seguimiento y evaluación de los lineamientos estratégicos, políticas y planes, atendiendo a lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación,…

Finalidades
Artículo 2º. La Comisión Central de Planificación realizará sus funciones y ejercerá las atribuciones atendiendo a las siguientes finalidades:
1. Impulsar la transición hacia un modelo integrado de planificación centralizada, asegurando la gestión social y planificada de la función pública administrativa.
2. Garantizar una planificación estratégica, participativa y corresponsable.
3. Orientar el establecimiento de un modelo capaz de garantizar la satisfacción de las necesidades espirituales y materiales de la sociedad, logrando la suprema felicidad social, esto es, el modelo socialista.
4. Preservar la soberanía nacional y la integridad territorial.
5. Fomentar alianzas internacionales, basadas en la cooperación, la solidaridad y la complementariedad, entre los Estados y sus pueblos, con pleno respeto a la soberanía de ellos y al principio de libre determinación.

La Planificación en Venezuela: lapso 1999-2007
 1999: Se elimina CORDIPLAN, se crea el Ministerio de Planificación y Desarrollo.
 1999: Se incorpora en texto constitucional el régimen socio-económico planificado.
 2000: Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.
 2001: Ley Orgánica de la Administración Pública.
 2001: Ley Orgánica de Planificación.
 2001: Los Lineamientos Generales del Plan de la Nación 2001-2007.
 2001: Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados.
 2001: Ley de la Contraloría General de la República y el Sistema de Control Fiscal.
 2002: Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas.
 2002: Ley de los Consejos Locales de Planificación.
 2004: Se elabora el “Mapa de los 10 Objetivos Estratégicos”.
 2005: Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
 2006: Ley de los Consejos Comunales.
 2006: Reforma de la Ley los Consejos Locales de Planificación Pública.
 2007: Se crea la Comisión Central de Planificación.
 2007: Se preparan los Lineamientos del Plan de Desarrollo Económico Social 2007-2012.
 2007: Se propone la Reforma de la CRBV.

2.4.- Naturaleza, fines y estructura de la Ley Orgánica de la Planificación en Venezuela

La ley Orgánica de Planificación, con Decreto Nº 1.528 06 de noviembre de 2001, fue establecida en base a lo anteriormente dicho, para tener un mayor control en la satisfacción de las necesidades de la comunidad.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Se explica que junto a la creación de la Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República el 30 de diciembre de 1958, se institucionalizó la planificación en Venezuela, como una labor de análisis, proyección y formulación de metas generales.

Siempre ha existido el espíritu de que la administración pública tuviese un mejor control a través de la planificación. Para ello se creo una ley de planificación, además de que el ejecutivo debería presentar cada año el plan anual de la nación ante la asamblea nacional y debería estar regido por dicha ley. Con ello se pretendía dar cavidad a la necesidad de que en Venezuela tuviese una planificación para un mejor desarrollo social, político y económico.
A partir de 1999 esto se convierte en algo fundamental para el estado debido a los lineamientos políticos establecido y de la estrategia para alcanzar los objetivos del periodo constitucional. Y se crea un ministerio de planificación para velar por el cumplimiento de la misma y de ser como un brazo del poder público nacional en cuanto a los proyectos y el desarrollo de la nación.

Por cuanto no solamente sirve de marco normativo a otras Leyes que rigen esta materia, sino que igualmente desarrolla los derechos constitucionales para el ejercicio de la Participación Social. Este Decreto-Ley tiene por objeto establecer las bases y lineamientos para la construcción, la vialidad, el perfeccionamiento y la organización de la planificación en los diferentes niveles territoriales de gobierno, así como el fortalecimiento de los mecanismos de consulta y participación democrática en la misma.

TITULO I
DISPOSICIONES FUNDAMENTALE
Consta de 3 artículos, lo cuales mencionan el objeto y finalidad de la ley, explica que se entiende por planificación y los órganos de la administración pública sujetos a la misma.
Planificación pública refiere al hecho de diseñar un plan de trabajo en un espacio geográfico y en un tiempo determinado, referente a asuntos que atañen a un colectivo-comunidad.

TITULO II
LA CONSTRUCCION, VIABILIDAD Y
PERFECTIBILIDAD DE LA PLANIFICACION
Consta de 3 capítulos que se refieren a la construcción, viabilidad y perfectibilidad de la planificación, que se debe establecer desde su concepción (la idea) y la metodología para lograrlo.
El capítulo I contiene 4 artículos que explican la definición de lo que es la construcción de un plan, las proporciones que puede haber y las condiciones o características de lo que existe en el país.
El capítulo II también tiene 4 artículos que explica los tipos de viabilidad que hay para lograr la imagen objetivo, los planes deben ser socio - político, que debe contar con el apoyo de la comunidad. Económico – financiero, que debe tener lo que es el suficiente recurso humano, natural y financiero. Por ultimo, la viabilidad técnica la elaboración, ejecución y evaluación con el conocimiento instrumental y terminología apropiada.
El capítulo III consta de 5 artículos que hablan de la perfectibilidad, de cómo hacer la evaluación, el seguimiento, control y medición del plan. Saber como afectan los resultados de la planificación elaborada en la sociedad y los medios relacionados.

TITULO III
LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN Y FORMULACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN

Las instancias de Planificación en el sector Público que establece la ley Orgánica de Planificación son:
1.- Instancias Nacionales
2.- Instancias Regionales, las Instancias Nacionales son aquellas que tienen efecto y presencia en todo el territorio Nacional. Los entes que lo conforman según la ley vigente son: La Presidencia de la República, en la persona del Jefe del Estado y los equipos Presidenciales que éste conforme; esta entre sus competencias formular el Plan de Desarrollo de la Nación y dirigir su ejecución.

Ministerio de Planificación y Desarrollo. En la persona del Ministro encargado y el equipo que conforme; está entre sus competencias regular, formular y hacer seguimiento a los políticos de Planificación además de elaborar y coordinar el Plan Operativo Anual, el Plan de Inversión Publica, el Plan Nacional de Desarrollo Institucional y el Plan de Desarrollo Regional.

Gabinete Ministerial: en la persona de cada ministro con el fin de la coordinación de la Planificación en el sector encargado; cada Ministro con su equipo designado debe diseñar las directrices estratégicos para la ejecución de la Planificación en cada Ministerio y sus respectivos órganos y entes adscritos. Entre las atribuciones del gabinete Ministerial está elaborar el Plan Nacional de Desarrollo sectorial y evaluar el impacto de la ejecución de los Planes de cada sector.
Instancias Regionales, Estadales y Municipales son aquellos que formulan y ejecutan proyectos de Planificación de alcance medio, es decir, solo a niveles Regiones de Estado y Municipios; con la finalidad de apoyar al Ministerio de Planificación y Desarrollo en su función de atender los requerimientos de Planificación.
Las Gobernaciones en la figura del Gobernador se encargan de elaborar el Plan estadal de Desarrollo, los programas y acciones correspondientes, para apoyar al Plan Nacional de Desarrollo la Gobernación debe trabajar conjuntamente con el Consejo de Planificación y Coordinación.
Las Alcaldías: en la figura del Alcalde, corresponde a los alcaldes elaborar el Plan Municipal de Desarrollo en coordinación con el Consejo Local de Planificación Pública.

TÍTULO IV DE LOS PLANES
CAPITULO I. LOS PLANES NACIONALES

El titulo IV de La presente ley, trata de los planes de la nación, consta de dos capítulos. El primer capítulo está conformado por seis secciones y 24 artículos, donde de manera general nos señala que los planes de la nación son competencia del poder Ejecutivo Nacional y deben ajustarse a las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la nación establecida en esta ley. También nos indica los tipos de planes que están establecidos en esta ley que son: Plan Nacional de Desarrollo, Plan Operativo Anual Nacional, Plan Nacional de Desarrollo Regional, Plan Nacional de Desarrollo Sectorial, Plan Nacional de Desarrollo Institucional, Planes Operativos y demás planes que establezca la ley.
Cabe destacar que el Ministerio de Planificación y Desarrollo debe dictar las Resoluciones e instructivos necesarios para la elaboración de los planes nacionales contemplados en esta ley, en tal sentido serán de obligatoria, observancia y cumplimiento para los órganos y entes de la administración publica. Los cálculos para la formulación del plan Operativo Anual de la Nacional deben hacerse en coordinación con los órganos y entes de la administración pública nacional y a sus ves dicho plan debe indicar los órganos y entes responsables de implementar las directrices estratégicas y los resultados que deben alcanzar las instituciones involucradas en su ejecución.
También menciona las condiciones regionales y locales que se deben tomar en cuenta en función con el objetivo de ajustar los Proyectos y acciones contemplados o en el Plan Operativo Anual, los órganos y entes de la Administración Pública deben tomar en consideración las condiciones regionales y locales; así como también dichos órganos deben establecer en sus respectivos planes y proyectos de presupuesto las responsabilidades, los servicios que presentan las meta a cumplir y cuotas presupuestarias contempladas en el Plan Operativo Anual.
Para así de esta manera la propuesta presentadas por dicho órganos, pasara al ser incluida en el plan operativo anual de la nación debe de tal modo que debe ser aprobadas por el ministerio de planificación y desarrollo, como a su ves las cuotas presupuestarias dispuesta en el plan operativo anual de La nación, y deben quedar sujetas a las capacidades institucionales de ejecución y demás evoluciones de consistencia sectorial intersectorial y territorial que realice dicho ministerio.
El capítulo II, trata de los planes estadales y municipales está conformado por dos secciones y seis artículos los cuales hablan en su primera sección del plan estadal de desarrollo que no es mas que aquel plan que expresa las directrices de gobierno de cada uno de los estados, para un periodo de cuatro año de gestión. En su formulación debe deberá tomarse en consideración lo dispuesto en las líneas generales del el plan económico y social de la nación, el plan nacional de desarrollo y en el correspondiente plan de desarrollo regional.
Los planes políticos, y programas de los órganos y entes estadales deberán articular al plan estadal de desarrollo elaborado por el gobierno., el gobierno de cada estado debe dictar las instrucciones necesarias para la elaboración de los planes. El plan municipal de desarrollo expresa las directrices de gobierno de cada uno de los municipios, los planes políticos, programas y proyectos de los órganos y entes municipales articularan al plan municipal de desarrollo elaborado por el alcalde, el alcalde de cada municipio debe dictar las instrucciones necesarias para la elaboraciones de los planes que con carácter obligatorio, deben formular todos los órganos y entes de la administración publica nacional.

TITULO V
LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

Lo importante de esta ley como se menciona en este titulo e interpretado en el artículos 58, donde la participación social juega un papel importante, ya que en los cambios que estamos presentando, ya que el sector social puede presentar propuestas antes los organismos correspondientes.
Lo expresado al artículo 59, se refiere a la organización y promoción que deben tener los participantes de una comunidad al presentar tales propuestas ante los entes respectivo, ya que lo primordial es estas en comunidades organizadas, tales como son en la propuestas por el nuevo cambio sociales que se ajustan al país entre ellos los Consejos Comunales, y toda organización que cumpla con dichos requisitos bien sean públicos o privados.
En la obligación de Informar como lo expresa en el articulo 60, considerando que estamos en un proceso de cambio social, los entes públicos tienen la obligación de informar a la sociedad para que las comunidades, grupos o individuales estén de tal manera informados que les permita una información clara y precisa del los planes de desarrollo y todos los proyectos de interés público.

3.- Desarrollo endógeno: cooperación y competencia

Convencionalmente se mide el estado de bienestar alcanzado por una colectividad nacional en relación con valores que exhiben las colectividades calificadas como desarrolladas, tales como:
 el crecimiento por habitante del producto interno bruto (PIB)
 el aumento del potencial productivo expresado por la inversión real neta
 el índice de incremento de la productividad entre los indicadores macroeconómicos
 la expectativa de vida al nacer
 la tasa de mortalidad por mil habitantes, así como
 la tasa de morbilidad
 el grado de alfabetización a nivel de adultos
 el índice de alojamiento en condiciones satisfactorias (vivienda)
 el grado de urbanización
 la dotación de servicios a las familias (electricidad, agua potable, eliminación de excretas, telecomunicaciones, vehículos individuales de transporte, receptores de televisión, aparatos de sonido, entre otros), así como también
 los servicios públicos (transporte, centros de salud, lugares de recreación)
 cobertura de la seguridad social
 lecturas de periódicos, como ejemplos.

Fuera de este ámbito convencional, se incorporan otros indicadores en un intento de definir integralmente el bienestar individual y social de una población:
 el ejercicio de libertades civiles, políticas, económicas, garantías y derechos:
• la vida
• la salud
• la educación
• el empleo
• la seguridad personal
• la elección periódica de representantes y gobernantes
• la estabilidad familiar
• los derechos de movilización espacial, de asociación, de manifestación pública, de expresión de pensamiento, de credo religioso, todos incluidos dentro de los denominadores comunes de derechos humanos y sociales.

Estas consideraciones, no tienen otro propósito que el de poner de manifiesto la complejidad de la cuestión del desarrollo. Una apreciación adicional tiene la misma orientación: el paradigma genérico de este consiste en el estado alcanzado por un grupo de países a los que se atribuye éxito en su evolución. Sin embargo, la mayoría de esos países padecen males que hasta el presente no han podido superar:

 pobreza relativa
 desigualdad socioeconómica
 desempleo
 inestabilidad económica
 precaria defensa ante los siniestros naturales
 delincuencia
 débiles políticas de conservación ecológica
 drogadicción
 inseguridad, entre otros.

Se puede decir que es un paradigma que adolece de desequilibrio, contradicciones, riesgos, incertidumbre hacia el futuro, grietas evidentes, brechas amplias que hacen dudar de su validez.
El desarrollo se ha analizado en diferentes instancias y perspectivas más o menos limitadas; así, se manejan los conceptos de desarrollo en las siguientes dimensiones:

 Dimensión Ética: Tiene que ver con la valoración de todos los actos humanos en atención a unos valores, los cuales constituyen la esfera de la moral, para así definir el tipo de convivencia en sociedad.
 Dimensión Social: Lo social es el escenario del desarrollo. Tiene que ver con sus logros y propósitos, así como los recursos con los que cuenta.
 Dimensión Económica: Tiene que ver con el conjunto de relaciones de producción, transformación, distribución y consumo de medios materiales y económicos que se obtienen a partir de la acción de personas.
 Dimensión Cultural: Tiene que ver con todo cuanto el ser Humano le aporta al Ser Humano. En ese comportamiento que se constituye en palanca fundante que beneficia o impide las estrategias y finalidades del desarrollo.
 Dimensión Organizacional: Tiene que ver con la existencia de organizaciones eficientes que se dediquen a la producción de bienes y servicios y den apalancamiento al sistema productivo general.
 Dimensión Política: Tiene que ver con los roles, concepciones y estilos de comportamiento de los entes gubernamentales para apoyar y consolidar las estrategias de desarrollo.
 Dimensión Tecnológica: Tiene que ver con la creación humana de tecnología para obtener medios a menor costo y lograr satisfacer fines, en atención a procesos productivos, organizacionales, económicos, sociales, éticos y ecológicos.
El desarrollo puede ser procurado como un fin de la acción mancomunada del Estado y la Sociedad; pero también puede ser interpretado como un medio para lograr el fin de una sociedad equilibrada, justa, creativa, equitativa, en el camino o en la vecindad de la perfección.
Una sociedad perfecta es un paradigma, un sueño, un ideal; pero dadas las limitaciones de la acción humana, ese estado ideal es inalcanzable. Por otra parte, el desarrollo no puede ser sino un “perpetum mobile”; es decir, un objetivo dinámico: al alcanzar una instancia un estado identificable como desarrollo, siempre habrán nuevos objetivos por lograr. Esta inconformidad –si así puede caracterizarse la búsqueda de objetivos cambiantes- es positiva, es el aliciente de la acción humana, de la lucha social, como lo es también del individuo como tal. La conformidad significa estancamiento, aceptación de lo existente, no aspirar a nuevos logros, lo que inhibe el esfuerzo para progresar.
De esta forma se puede decir que Desarrollo es una expresión que requiere movimiento. Un movimiento que se da y que es producto de una necesidad múltiple (Mas, 2005).


Referencia bibliográfica (Parte II)

 Corredor, Julio (2007). La Planificación, Nuevos enfoques y proposiciones para su aplicación en el siglo XXI. Editores Hermanos Vadell.
 Mas H., María (2005). Desarrollo Endógeno. Caracas: Editora Panapo.
 Castellanos, Hercilio (2007). La Planificación del Desarrollo Sostenible. Caracas, Editorial CENDES.

PARTE III
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO


3.1.- Crecimiento y desarrollo

El crecimiento económico se evidencia cuando las variables macroeconómicas, tales como el producto, el ingreso, la inversión y el consumo por persona, en términos reales, toman valores que se ajustan a unas tendencias ascendentes. Mientras que el desarrollo conjuga la capacidad de transformación de la base económica y con la capacidad de absorción social de los frutos del crecimiento (Maza Zabala, 1983).
También suele llamarse desarrollo al proceso por el cual las sociedades pasan de condiciones de existencia caracterizadas por la baja producción y la pobreza a un nivel mucho más alto de consumo y calidad de vida material. (Sabino, 2001).
En torno a la definición sobre desarrollo expuesta por Maza Zabala, la cual incluye la “transformación de la base económica” acompañada de la “capacidad de absorción social”, se nota que la complejidad del tema es más abarcante que las respuestas emergentes desde el plano exclusivamente económico. Por tanto, surgen las interrogantes:

 ¿cuáles son las causas, formas y naturaleza de la transformación de la base o sustrato económico?
 ¿en qué consiste la capacidad de absorción social?
 ¿consistirá solamente en un problema de absorción de la riqueza por parte de la población o más bien la problemática radicará en la capacidad productora y creadora de la riqueza, además de utilizarla y absorberla eficientemente por parte de una comunidad?

Un concepto más amplio en torno al significado sobre el desarrollo ha sido considerado en el informe sobre Desarrollo Humano que publica anualmente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): “El Desarrollo es un proceso que aumenta la libertad efectiva de quienes se benefician de él para llevar a cabo aquello que por una razón u otra, tiene motivos para valorar. Desde esta perspectiva, la pobreza no sólo implica carecer de bines y servicios esenciales sino también de oportunidades para escoger una existencia más plena, más satisfactoria, más valiosa y más preciada” (PNUD, 1997).
En esta perspectiva, puede inferirse que el crecimiento es condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo. Cuando cambian las relaciones entre las variables económicas, puede decirse que se ha iniciado un proceso de crecimiento, aunque circunscrito solamente a la Economía. Ahora, si ello influye en cambios en las instituciones, en la composición social, en los patrones de comportamiento de los sujetos que constituyen la sociedad o la comunidad, puede decirse que hay desarrollo. Este cambio debe afectar al contexto externo de la entidad considerada y en sus relaciones con ésta.

3.2.- El Desarrollo Endógeno como un avance del sistema

El avance del capitalismo lleva a cuestas grandes problemas humanos, entre ellos la pobreza. La falta de medios es sólo uno de los rostros oscuros de la pobreza, pero no es su único síntoma. La pobreza es una enfermedad más abarcante que incluye otros elementos:

 una moral indigente
 escasez para crear y usar tecnología
 desintegración social
 incompetencia organizacional y empresarial
 dominio de Estados populistas con marcada incapacidad para gerenciar con honestidad e innovación las necesidades de la sociedad
 falta de interés y participación política en el colectivo.

Son entre otros, algunos elementos que con frecuencia acompañan a este flagelo. Proponer salidas para deslastrase de esta enfermedad es vital para la sociedad. Ante ello, el Desarrollo Endógeno se presenta más como una posibilidad de acción que cómo una teoría.

3.3.-Algunas definiciones para el Desarrollo Endógeno

Según el Diccionario de la Lengua Española, “desarrollar” en una de sus acepciones es “progresar, crecer económicamente, social, cultural o políticamente las comunidades humanas”. Para la Real Academia Española el término “endógeno” es aquello que se origina en virtud de causas internas.
A partir de estas definiciones, el concepto Desarrollo Endógeno para las ciudades u otras unidades territoriales, sería su capacidad para progresar, crecer económica, social y culturalmente en virtud de causas internas (Martínez, Antonio; 2003).
El Desarrollo Endógeno es un proceso de crecimiento y cambio estructural en el que la organización del sistema productivo, la red de relaciones entre los actores y las actividades, la dinámica de aprendizaje y el sistema sociocultural determinan los procesos de cambio (Vásquez Barquero, 1999).
El Desarrollo Endógeno es un esfuerzo creativo interno por configurar una estructura productiva que sea funcional a las carencias y potencialidades especificas nacionales (Fajnzylber, 1983).
El Desarrollo Endógeno es un esfuerzo voluntario y planificado, a partir de lo propio, promoviendo el desarrollo de industrias, servicios sociales y culturales, a partir de sus propios recursos humanos y materiales. (Austin, Tómas, 2000). Según Maza Zabala (2006), el Desarrollo Endógeno puede interpretarse como una modalidad sistémica en la perspectiva de la transformación integral de una economía y una sociedad requeridas de cambios fundamentales, como las de Venezuela en nuestro tiempo y circunstancia y en general, las de los países que procuran desarrollarse según alguna alternativa al capitalismo.
En este sentido, el Desarrollo Endógeno representa no sólo una alternativa al sistema realmente existente – llámese capitalismo, liberalismo económico o economía de mercado- sino que esa alternativa constituye un avance, un nuevo progreso, una etapa superior en el esfuerzo de la sociedad por lograr el bienestar, la justicia, el equilibrio, la seguridad y el ascenso de la calidad de los seres humanos. Por tanto, es necesario demostrarlo no sólo en el análisis teórico, sino también –lo que es más significativo- en los hechos, en la praxis, en la experiencia. No se trata de simples declaraciones ni buenas intenciones, sino de la fijación de objetivos y metas viables en la elaboración de una estrategia eficaz para alcanzarlos. En este sentido, la experiencia del desarrollo endógeno apenas comienza en Venezuela y otros países latinoamericanos, sin que ello se tome como una revolución, sino como una opción sujeta a la prueba de la realidad.
En todo caso, la evolución de una comunidad conduce a una transformación; una revolución es una aceleración de la evolución e implica rupturas, desgarramientos e inclusive violencia. Si existiera la posibilidad concreta de realizar el desarrollo endógeno como una alternativa de lo existente, sin traumas ni violencia, sería una conquista del progreso humano.

3.4.- El desarrollo endógeno como un avance del sistema

El desarrollo endógeno va de abajo hacia arriba, mientras que el enfoque tradicional es desde arriba hacia abajo. Esta consideración tiene una connotación importante de complementariedad, que puede visualizarse gráficamente con una pirámide cuya parte superior ya está desarrollada (aunque requiere de grandes mejoras e inversiones) y la mitad de abajo es la que debe incorporarse mediante los diferentes impulsores que se están desplegando.
Al ser de abajo hacia arriba y tener como objetivo alcanzar la mitad de la pirámide para complementarse con el resto de la economía (cadenas productivas o polos de desarrollo) los objetivos parecen más posibles y cuantificables. La base está constituida por las comunidades y sus potencialidades geográficas, de conocimiento y capacitación, de apoyo financiero y de ventajas comparativas (y como convertirlas en competitivas), en un ambiente inclusivo de amplia participación social.



3.5.- El sentido de endógeno y exógeno

A simple vista, lo endógeno se desvela como aquello que se “encuentra dentro de” y como contrapartida semántica, lo exógeno aparece como lo que se “encuentra fuera de”. Pero ¿dentro o fuera de dónde?, ¿de qué?, ¿se refiere a un lugar? Con respecto a este punto, se ha teorizado sobre la idea de territorio como locus donde se desenvuelve el desarrollo endógeno. “El territorio es una agente de transformación y no un mero soporte de los recursos y de las actividades económicas, ya que las empresas y los demás actores del territorio interactúan entre sí, organizándose para desarrollar la economía y la sociedad” (Vázquez Barquero, 1999).
Esta aproximación físico-espacial, expone una interpretación acerca del fenómeno, tratando tan sólo la idea de un adentro o fuera, de la idea de tenencia, de lo que me pertenece a mí por ser de adentro y no te pertenece a ti por ser de fuera. Tenencia y propiedad se articulan al espacio de territorio. La idea de territorio, se quiera o no, propone una frontera y toda frontera expresa un límite.
A simple vista, la noción de lo endógeno como lo propio y lo exógeno como lo ajeno, pierde sentido y fortaleza conjetural, imposibilitando dar cuenta racional del fenómeno que se aspira explicar.
En el caso práctico ocurre muchas veces que a pesar de “ser el dueño o propietario de”, no se posee la capacidad para utilizar y disfrutar dichos recursos a plenitud; incluso puede suceder que a pesar de poseer la tenencia de los referidos elementos, éstos terminen siendo utilizados por otros, los de fuera. Es así entonces que se puede decir que el límite entre lo endógeno y lo exógeno no es un problema de propiedad o de tenencia de espacio físico, se trata más bien de un límite de capacidad de utilización y creación de los medios para lograr satisfacer necesidades bajos amplios esquemas de absorción social. Por lo tanto, lo endógeno y lo exógeno son considerados así:

 Endógeno: Se concibe como la capacidad para la transformación total. Es la facultad endogenizadora la que crea y añade valor indefinidamente sobre un ente, sea este persona, cosa, región o país. Entre las variables endógenas se encuentran: la producción, el consumo, el ingreso, el ahorro, la inflación, el crecimiento, la inversión, entre otras variables de la ciencia económica.
 Exógeno: Se concibe como la incapacidad para la transformación y el cambio eficiente. Es la pérdida de facultad para crear y añadir indefinidamente valor sobre un ente, ya sea el este persona, cosa, región o país. Entre las variables exógenas se encuentran aquellas que se ubican fuera del análisis propiamente económico, tales como: los valores y motivos de las personas, los sentimientos, los gustos y preferencias, la tasa de crecimiento demográfico o de natalidad, las organizaciones, entre otras.

El límite entre lo endógeno y lo exógeno se encuentra en el poder para la acción transformadora eficiente. La tenencia de medios puede ser una condición necesaria, más no suficiente para alcanzar el desarrollo, como lo indican algunas experiencias concretas en los países latinoamericanos que enfrentan el drama de no poder utilizar eficientemente sus recursos naturales para consolidar economías y sociedades desarrolladas.
Las economías que aprenden a identificar y dinamizar negocios competitivos a partir del desenvolvimiento de sus capacidades de producción total, poseen mayor potencialidad endógena que aquellas economías fundamentadas en la tenencia de medios y la imitaciones de redes.
Por último, es importante destacar que la noción de endógeno no se limita a la utilización de lo que existe dentro de la cerca de determinados límites, sino que apela a la posibilidad de utilizar, transformar y asimilar todo aquello (medios, personas y condiciones) que se tornen convenientes para el éxito del desarrollo endógeno del ente, ya sea que los elementos utilizables se encuentren dentro o fuera de los límites de la entidad que requiera alcanzar el desarrollo. Así, no se trata exclusivamente de realizar acciones desde un lugar a otro, “desde adentro”, “desde afuera”, “desde abajo” o “arriba”. Estas expresiones no apelan a la verdadera naturaleza de lo endógeno.

3.6.- Sustentable y sostenible

Lo sustentable se asume como el fundamento o estructura sobre la cual se articulan las condiciones necesarias y suficientes para que se ejecuten las estrategias de Desarrollo Endógeno y se logren los propósitos originariamente establecidos por el interesado, ya sea éste persona, cosa, región o país.

 La estructura referida es una armazón de naturaleza multipolar donde la base material, las personas y el conjunto de relaciones existentes, generan un entramado en infinitud de dimensiones: económica, social, política, moral, estética, gerencial, estratégica, entre otras esferas.
 Existe un cúmulo de fundamentos que permanecen constantes, siendo los constituyentes de la estructura de sustentabilidad para el Desarrollo Endógeno, los cuales dependerán de la dimensión en donde se ubique el análisis, permitiendo así, que cada dimensión que participe en este recorrido posea su propia base de sustentabilidad.

Lo sostenible se entiende como el conjunto de movimientos que se dan a través del tiempo sobre los elementos constituyentes del desarrollo para realizar los cambios necesarios que permitan el éxito en la estrategia y logro del desarrollo endógeno.

 Está asociado a la estrategia de acción, a pensar cómo se logra el desarrollo; y proporciona la infinitud de movimientos que solamente se dan a través del tiempo.
 El desarrollo endógeno se constituye a través de una “Espiral de Sostenibilidad Temporal” donde las acciones generan cambios favorables en la base de condiciones emergentes que originan, sostienen y mantienen el desarrollo.
 La condición de sostenibilidad se integra a una noción temporal, desde una perspectiva dinámica, donde el movimiento de todos los elementos constituyentes para el desarrollo endógeno garantizan el éxito.

3.7.- Espiral de sustentabilidad y sostenibilidad para el desarrollo endógeno

El recorrido que realiza la estrategia de Desarrollo Endógeno es concreto. En principio, se disponen los elementos precursores del ámbito de sustentabilidad por cada dimensión participante, para dar inicio al estado de Desarrollo Endógeno. Estas estructuras precursoras se movilizan a través del tiempo de acuerdo a criterios específicos que posibilitan mejorías generales a la sociedad. El espiral de sostenibilidad impone el conjunto de acciones y variantes para mantener eficientes los sustratos de la base de sustentabilidad.

3.7.1.- Desarrollo Endógeno: visto como fin y estrategia

Desarrollo Endógeno, visto como fin, se concibe como la “imagen objetivo” susceptible de ser construida y alcanzada por una comunidad, en un tiempo determinado y a través de la mejor forma de utilización de todos los medios existentes. La imagen objetivo se presenta como el estado a lograr, como un propósito alcanzable. Se convierte en el norte, en dirección y rector de las acciones por desempeñar. En una palabra, su finalidad encierra un cúmulo de eventos y circunstancias por conseguir, dentro de una relación temporal entre el presente (alcances y logros del presente) y el futuro (alcances y logros que se aspira y desea tener).
Desarrollo Endógeno, visto como estrategia, se trata de una “acción sostenida” e implantada desde y por una comunidad a través del tiempo para mejorar sus condiciones de existencia en términos integrales. La acción sostenida se presenta en un contexto dinámico y cambiante, generando un cambio entre el presente y los constantes movimientos que permiten alcanzar un propósito en términos multidimensionales (económico, administrativo, gerencial, político, ético, cultural y estético). Se constituye en una acción compartida a largo plazo que permea a través de organizaciones, instituciones, cultura y medios existentes para dar forma y organicidad a la vida de una colectividad.
Una vez que la “imagen objetivo” a lo largo de su implementación ha podido ser alcanzada, se convierte en caduca. Llegado a este punto, donde la acción humana materializa sus fines imaginados, de inmediato es sustituida por una nueva imagen que impone una nueva noción de desarrollo, convirtiendo a este en la perpetuidad de una búsqueda hacia el futuro.
Así, el Desarrollo Endógeno se convierte en tránsito por el devenir, en fin y estrategia al mismo tiempo: una estrategia maestra en constante acción y movimiento que intenta alcanzar la imagen objetivo a través del desempeño de su recorrido.


3.7.2.- Los “roles” endógenos como alternativos

Los cambios de roles que el desarrollo endógeno puede ocasionar o propiciar, probablemente la toma de conciencia de los individuos que constituyen la comunidad, acerca de su responsabilidad concreta para que ésta alcance las metas y objetivos de desarrollo como fenómeno interno que se genera y evoluciona en el ámbito comunitario, es un factor fundamental para el éxito de ese proceso: no se atribuyen a otros los deberes, obligaciones y compromisos que se derivan de su condición de miembros de la colectividad, sino que es de su propia decisión el que pueda contribuir a ese objetivo común y una demostración de su capacidad, aptitud y voluntad para cooperar con otros individuos e instituciones en la prosecución del bienestar social.
Una comparación de los “roles” prevalecientes en el sistema capitalista y los que prevalecerían en el desarrollo endógeno, considerado como alternativa al primero, es la siguiente:

 el asalariado en la relación laboral capitalista es el cooperativista en la modalidad endógena
 el trabajador no es un dependiente patronal sino un socio
 en lugar de burócrata debe ser colaborador y asesor comunitario
 el individualismo es reemplazado por el colectivismo
 el adaptador tecnológico evoluciona hacia un creador de tecnología.
Y así en otros casos. No se trata de pura semántica o de buenos deseos, sino de una transformación de funciones, posiciones, actitudes y comportamientos. ¿Es utopía? Posiblemente, pero ésta es la prefiguración del futuro, la gestación de un nuevo orden social y ello necesariamente implica lo que se califica como “un hombre nuevo en una sociedad nueva”.

La endogenia del desarrollo se presenta como un gran escenario en que los actores pueden desplazarse con facilidad cuando tienen las aptitudes para ello y se impone la competencia cooperativa – no es contradicción- entre ellos, lo que les permite vencer los obstáculos y las restricciones (traspasar la frontera de las posibilidades) para obtener éxito, considerado como mejoramiento progresivo de las posiciones. El esfuerzo de los actores en sentido positivo se manifiesta en el adelanto de la comunidad, en el movimiento para emanciparse de las limitaciones del subdesarrollo. En esta ruta del propio designio, la voluntad de cambio y el proceso de trasformación se internalizar, no dependen de factores exógenos, no están supeditados a lo de “afuera” y la condición de autonomía es fundamental para avanzar.
Presentados como alternativos, los valores generados en el desarrollo endógeno son:

 cooperación
 solidaridad
 comunitarismo
 colectivismo
 igualdad de oportunidades
 cultura de la conservación ecológica
 educación para la vida y el trabajo.

Sin embargo, no deja de reconocerse la diversidad personal, social y cultural, la heterogeneidad humana, la necesidad de estímulos materiales. Es posible cambiar las relaciones económicas, pero no resulta tan fácil forjar un nuevo prototipo de humanidad en el camino de la perfección.

3.7.3.- Lo que no es Desarrollo Endógeno

El Desarrollo Endógeno no es solamente una teoría científica. Como propuesta de cambio, el desarrollo endógeno se desenvuelve fundamentalmente en la esfera de la acción humana. Consiste en el despliegue de un conjunto de acciones estratégicas, gerenciadas en tiempo y espacio concreto, llevadas a cabo por determinados actores (sean estos instituciones, comunidades o personas), los cuales persiguen alcanzar un conjunto de fines interesados para satisfacer inteligentemente sus deseos, presentes y futuros.

El Desarrollo Endógeno no se encuentra circunscrito exclusivamente al ámbito del análisis económico. A manera de recurso metodológico para el análisis, se consideran como relevantes una mezcla de elementos provenientes de diferentes dimensiones donde la intervención de la acción humana se desenvuelve entre siete dimensiones: económica, social, política, gerencial, ética, cultural y tecnológica. La asunción de los siete planos o dimensiones desde donde se posibilita una aproximación escrita, mantiene un “hilo conductor” o “factor común” que es: el ser humano. Se asume la premisa que el desarrollo endógeno tiene como sentido final mejorar la calidad de vida de las personas a través del desempeño y la acción que ellas mismas realizan.

El Desarrollo Endógeno no mantiene una problemática centralizada en la utilización eficiente de los medios. En el Desarrollo Endógeno son tan importantes los fines de las personas como los medios materiales y económicos con los que se satisfacen las necesidades, lo que incorpora la idea de alcanzar relaciones armónicas exitosas, es decir, relaciones de productividad y eficiencia a largo plazo.

3.7.4.- El Entorno emergente y el oficio de la Planificación

Se ha dicho en otras oportunidades que la complejidad, la incertidumbre y el conflicto han aumentado exponencialmente y que no existen más meta relatos que de alguna manera nos guíen en el laberinto.
Frente a estas realidades, la planificación trata de adaptarse: haciéndose más elástica y rápida, haciendo más investigación cualitativa y aceptando más datos subjetivos, profundizando el conocimiento de la complejidad, la incertidumbre y el conflicto, incorporando nuevas variables y disciplinas, haciendo análisis más integrales, aumentando su capacidad para estructurar y simular situaciones, mirar al futuro y comprender mejor lo que se dice, intentando comprende mejor las claves culturales del desarrollo y cómo modificarlos en función de lo planificado.
En resumen, estas imprescindibles adaptaciones de la Planificación actual, han servido para ir aprendiendo a armar rompecabezas con piezas que cambian y mutan mientras corren. Para sobrevivir y progresar en el mundo de hoy e incorporar los contenidos emergentes a entornos emergentes, la Planificación necesita urgentemente potenciar siete capacidades:

1. La capacidad para lograr análisis realmente integrales de las realidades.
2. La capacidad para estructurar y simular situaciones complejas que tienden a la borrosidad y al caos.
3. La capacidad para mirar el futuro de forma tal que se ilumine el presente.
4. La capacidad para entender mejor lo que los actores sociales sienten, piensan y hacen.
5. La capacidad para comprender y fomentar las claves culturales del desarrollo.
6. La capacidad para formar planificadores reflexivos.
7. La capacidad para mejores análisis del comportamiento sociopolítico de los actores involucrados en los planes.

Resulta imprescindible preguntar sobre la naturaleza de las fuentes de información que alimentan los instrumentos y técnicas de la Planificación actual. La respuesta inmediata es obvia: la información debería provenir de la investigación previa o simultánea, sistemática y científica, en la medida en que exista y sea accesible. Sin embargo, esta posibilidad generalmente no existe en las Ciencias Sociales en general; y en Venezuela en particular, en tanto que la velocidad con que es necesario planificar frente a rápidos cambios del entorno no permite esperar por ella. Es así que casi siempre es necesario recurrir a “datos” cualitativos y subjetivos que reflejen los puntos de vista, a menudo circunstanciales, de los diferentes actores sociales.

Por ello, la necesidad de ser integrales en la planificación del desarrollo, es un hecho que se pregona desde los inicios de la misma; sin embargo, lo usual es parcelar la realidad de alguna manera metodológicamente cómoda e intentar después juntar coherentemente los segmentos.

La técnica más común en los intentos por ser integrales consiste en el trabajo en equipos interdisciplinarios o, mejor aún, transdiciplinario; trabajo que se enriquece considerablemente cuando en lugar de discusiones totalmente abiertas y exclusivamente verbales en las que se pierden muchos contenidos y significados, se utilizan instrumentos y técnicas disponibles para el oficio de planificar, que la acotan y estructuran, como los resumidos a continuación:

 Los Flujo gramas Causa-efecto: muestran sinópticamente las relaciones entre las distintas variables consideradas.
 Las Matrices de Impactos Cruzados: “cuantifican” la influencia de cada variable considerada sobre las demás, permitiendo definir en qué medida son determinantes o determinadas.
 Las Matrices Multicriterios: permiten evaluar y jerarquizar preferencias, causas, acciones o posibles futuros, ponderando distintos criterios.
 Los Mapas Cognitivos: hacen seguimiento gráfico a un determinado discurso o discusión, mezclando ordenadamente criterios y datos provenientes de distintas disciplinas, acotándolo y evitando que se pierdan o confundan elementos esenciales.
 Diversos tipos de modelos más o menos complejos que pretenden simular las realidades.

Estos instrumentos son el punto de partida utilizado para el diagnóstico, la prospectiva, la generación y evaluación de propuestas. Conviene decir que la Planificación es considerada como un arte y no como una ciencia, en el sentido de que no pretende establecer un conjunto de teorías que permita predecir el comportamiento de algo frente a determinados estímulos; es una forma de artesanía en el sentido de “actividades que requieren el dominio de ciertas habilidades” y en donde la intuición juega a menudo, un papel tanto o más importante que la razón, siendo los resultados dependientes en medida superlativa de las habilidades y la “inspiración” del artesano.
Por eso, no se puede hablar o escribir sobre “teoría de la planificación” más allá de un conjunto de procedimientos que guían sus procesos, como previos a la acción misma de planificar.


Referencia bibliográfica (Parte III)

 Corredor, Julio (2007). La Planificación. Nuevos enfoques y proposiciones para su aplicación en el siglo XXI.
Editores Hermanos Vadell.
 Mas H., María (2005). Desarrollo Endógeno. Caracas: Editora Panapo.
 Castellanos, Hercilio (2007). La Planificación del Desarrollo Sostenible. Caracas, Editorial CENDES.
 Ley Orgánica de Planificación (2001). Caracas, Gaceta Oficial N° 5.554 de fecha 13 de noviembre.

PARTE IV
Las políticas públicas en el marco de la planificación con equidad

4.1.- PRIMERA APROXIMACIÓN TEORÉTICA

En la revisión bibliográfica de documentos relacionados con la teoría social, se aprecia la urgencia teórica de “redefinir” los conceptos que le dan denominación operativa a la política social. Autores como Norbert Bilbeny , Carlos Sojo , Thaís Maingón y Lissett González A., coinciden en otorgar una condición de “valor” a la acción que instrumentaliza la política social. El “manoseado” concepto de que la política social ha de entenderse como el conjunto de medidas que contribuyen al mejoramiento de una situación determinada, cuyos objetivos son aminorar o/y regular los embates de la política económica, otorgándole denominación asistencialista, residual y de apoyo a la acción del Estado por brindar un cuidado al colectivo que es afectado por las condiciones fluctuantes e la economía, es un concepto que se ha quedado en la superficialidad y ya no cuenta, en el ámbito de los nuevos actores de la teoría política social, con mayores defensores que no intenten dar un sentido renovado y real de lo que significa para un Estado proyectar líneas estratégicas en el ámbito social.

La búsqueda nos lleva a la propuesta de Kenneth Boulding (citado por Maingón), quien señala que la política social toca todos los aspectos de la vida social, por lo tanto su condición es de identidad con la comunidad, siendo su objetivo la construcción de una identidad asociada que promueva la integración con el ámbito institucional. A este respecto recalca Maingón: “…la política social tiene que ver directamente con el sistema de integración social, y esto incluye todos los aspectos de la vida social que están caracterizados no tanto por el intercambio (…), sino más bien por la transferencia unilaterales que son justificadas a través de elementos que construyen identidad, legitimidad, comunidad, justicia y equidad”.

A todo esto, siguiendo el esquema teórico de Maingón, se delinea lo que sería una primera aproximación a ese nuevo concepto de política social: “…uno podría concluir que la política social es aquella política que gobierna la naturaleza de todas las relaciones intrasocietales, pasando por la calidad de vida y ayudando a mantener los niveles de bienestar en una sociedad dada. Así, la política económica está incluida en el modelo de política social propuesto como uno de los componentes instrumentales.” A este punto de vista teórico Maingón y Lacabana han llamado “política socialmente ajustada”, en donde se le da importancia al problema de los valores, en especial el de la equidad. Sin embargo, y en ello coincido con los autores, esta percepción de la política social no puede materializarse hasta tanto no tengamos una visión de sociedad distinta, en la que el Proyecto Nacional sea coherente, tanto en el discurso ideológico como en el metodológico.

Cerrando el círculo, y apoyándonos en algunas ideas de Lissette González A., la política social está encaminada, en esta realidad de Estado Democrático y con clara influencia de una visión neoliberal (que es el caso de Venezuela, como referencia directa), a lograr cambios en la sociedad que conduzcan al logro de metas, bajo dos condiciones esenciales: una, las valorativas, en la cual la equidad juega un papel importante, destacando que su razón de ser es el de establecer puentes coherentes entre las necesidades y la respuesta del Estado; y otra, la instrumentalización de la Planificación en todos los estadios del proceso de emisión de las políticas sociales.

El eje conciliador, a nuestro entender, entre necesidades y respuesta del Estado, es la Planificación como instrumento codificador y decodificador, de la política social, a efecto de hacerla factible en tiempo real.
Esto lleva a centrar la visión de las políticas públicas bolivarianas, en el marco del pensamiento de Ludwig Guendel, en cuanto a la equidad desde los derechos sociales. Guendel forma parte del equipo de la investigación del proyecto la Política Social en la era industrial: un Estudio Comparativo de América Latina, y es actualmente funcionario del programa para UNICEF y profesor en la Universidad de Costa Rica, ha presentado algunas consideraciones valiosos para entender la relación política social-derechos sociales.

Según Guendel, la base para entender esta relación está en la perspectiva del concepto de igualdad, el cual se abordaba en tres enfoques: (1) el enfoque estructural, referido al acceso a la riqueza social; (2) el enfoque de las oportunidades relacionado con la igualdad de condiciones para el acceso al mercado; y (3) el jurídico o formal, vinculado con la igualdad ante la ley. El enfoque de los derechos humanos, amplia Guendel, tiene una visión jurídica, política y distributiva de la igualdad, postulando el concepto de igualdad social o cultural, que es el producto de la relación entre la noción de igualdad y el valor de la libertad. En una palabra, formular canales de participación social que respeten la individualidad e influyan de manera directa en los problemas sociales que confronta un colectivo por la razón misma de ser heterogéneo y dinámico, y no por mandato de intereses o intenciones particulares.
Guendel, como aporte teorético significativo, expone en su ensayo Políticas Públicas y Derechos Humanos, que hay la necesidad de considerar algunos requisitos para formular una política pública con enfoque de derechos:

1. Una primera condición consiste en alcanzar un respaldo jurídico en el cual se explicite el reconocimiento de los derechos específicos del grupo de personas que lo demandan, se establezcan mecanismos pertinentes de exigibilidad y las regulaciones necesarias para garantizar la obligatoriedad de la ley. El derecho expresa más que una voluntad política, manifiesta una toma posición ética sobre la inclusión social de los grupos demandantes.

2. Una segunda condición es que esta política debe tener una cobertura universal, ya que los derechos humanos son un reconocimiento universal de acceso a ciertos bienes y servicios, tratos y garantías de protección. Las políticas selectivas establecidas deben de estar orientadas a fortalecer la equidad, como un instrumento que permita garantizar dicha universalidad, es decir, la inclusión de todas las personas sin ningún tipo de discriminación.

3. Una tercera condición es que se debe incorporar de manera explícita y diáfana mecanismos que garanticen la participación activa de las personas individual u organizadamente. No es suficiente que participen, deben crearse los mecanismos para asegurar que esta participación sea calificada y no corporativa.

4. Una cuarta condición consiste en que debe propiciar de manera manifiesta una serie de mecanismos de carácter técnico, político y cultural dirigidos a la atención, promoción y protección de tales derechos. Debe garantizarse una discusión epistemológica permanente que someta cada uno de los actos, mecanismos y estrategias de intervención a la evaluación, con el objeto de que se resguarde el principio de que la persona humana se encuentra por encima de cualquier consideración técnica o política.

La política pública bolivariana con enfoque de derechos, adaptada a las ideas de Guendel, va más allá de lo estatal así como amplía lo público fuera de los límites que establece el sistema político-administrativo formal; tiene como imperativo organizar y orientar las acciones que realizan los diversos sectores sociales involucrados en redes que articulen lo local y lo nacional, lo privado y lo público en torno a la efectiva observancia de los principios éticos y morales que respaldan los derechos humanos. El Estado, al concurrir en él el Poder y el Contrato Formal ( llámese Derecho), se desenvuelve en la Sociedad a través de “la política” ( “lo político” corresponde al estudio de las ideas y los hechos históricos que han marcado la acción de “la política”), y acerca de ésta podríamos decir que se “refiere a procesos, tanto sociales, políticos como económicos, que conducen a la toma y ejecución de decisiones a través de las cuales se adoptan o se asignan valores , a una parte de o a otra sociedad. Estas decisiones son realizadas por quien o quienes tienen la autoridad política para ello. Estas decisiones pueden o no estar basadas en el consenso.
Esta visión no nos deja claro dos aspectos: ¿es la política social la materialización de un derecho o es el derecho del colectivo lo que influye en el Estado para la formulación de una Política Social?; y si, desde el punto de vista de los derechos sociales, la Política Social se ha de entender como un Contrato Social o como una medida de asistencia del Estado hacia con sus conciudadanos.

La revisión al trabajo de José Luis Coraggio , así como a otros autores de tendencia neoliberal , nos ha dado la razón de afirmar que si bien es cierto la política social viene dada producto de una necesidad de reivindicar los derechos fundamentales de los ciudadanos, no es menos cierto que su espacio fue ganado en la medida que las propuestas del Estado en el ámbito social se fueron materializando en los diversos países del mundo.

Si nos remontamos a los orígenes de los derechos sociales, hay que partir del siglo XIX, en especial a la influencia de los partidos social-demócratas y a los movimientos sindicales, por un lado, y a la doctrina social de la iglesia, por otro. A lo largo del siglo XIX, los conflictos de clase se tradujeron en una serie de exigencias de carácter socio-económico, que pusieron de relieve la insuficiencia de los derechos individuales de origen liberal. Tales reivindicaciones determinarán un cambio en la actividad del Estado, que progresivamente abandonará su postura abstencionista y recabará, como propia, una función social. Es a partir de la Constitución de Weimar , de 11 de agosto de 1919, que la nueva función del Estado se plasma en el reconocimiento de unos derechos de carácter social, incluidos entre los derechos fundamentales. A diferencia de los derechos humanos tradicionales, que especifican el principio de libertad, los derechos económicos y sociales desarrollan las exigencias de la igualdad.
Los derechos sociales tratan de garantizar una igualdad esencial, como atributo de la persona y presupuesto de su libertad, que facilite la autonomía y desarrollo integral del ser humano en las esferas en que se desarrolla su vida real. La formulación de los derechos sociales se conecta al desarrollo del principio democrático y al reconocimiento de una igualdad de los ciudadanos, que se extiende así de la esfera política a los ámbitos social y económico. En el orden liberal e individualista que propugnaba el abstencionismo estatal, se apela a la intervención del Estado para configurar un orden social equilibrado. El Estado asume el deber de llevar a cabo una “procura existencial”. Los derechos sociales son el fruto del tránsito del Estado de derecho liberal al Estado social de derecho.

En el desarrollo de los derechos sociales, corresponde un papel decisivo a la doctrina y la práctica normativa de los países socialistas, destacando que los derechos sociales ocupaban un lugar primordial en la concepción de un Estado que ha de valorar lo social sobre lo económico. Los principios básicos de la estructura social y el ejercicio de todas las libertades, obligaban al Gobierno y a los distintos órganos sociales, a que se promuevan condiciones para hacer efectivo, para los ciudadanos, los derechos de carácter económico, social y cultural.
Desde otra perspectiva, la doctrina social de la iglesia también ha contribuido a la evolución de los derechos sociales. La encíclica Rerum novarum, de 15 de mayo de 1891, marcó un hito en la intervención de la iglesia en el orden temporal y convirtió a León XIII en el gran Pontífice de la cuestión social.

La motivación de la encíclica fue la situación angustiosa en que vivía el proletariado, la lucha entre los que lo tenían todo y los que no poseían nada. Desde entonces, la doctrina social de la iglesia ha ido perfilando el alcance de los derechos sociales. Así, la encíclica Pacem in terris, de 1963, establece una conexión esencial entre la dignidad de la persona y los derechos fundamentales. El hombre tiene, por sí mismo, derechos y deberes, que dimanan inmediatamente y al mismo tiempo de su propia naturaleza; tales derechos y deberes son universales e inviolables, y no pueden renunciarse bajo ningún concepto. Para la doctrina social de la iglesia, el bien común se puede cifrar, en nuestros días, en la defensa y promoción de los derechos y deberes de la naturaleza humana. Los derechos humanos que brotan del trabajo entran en el más amplio contexto de los derechos fundamentales de la persona, y tienen como antecedente un deber de trabajar. La encíclica Laborem exercens, de 1981, escrita por Juan Pablo II con ocasión del noventa aniversario de la Rerum novarum, contiene la formulación más reciente de la doctrina social de la iglesia en el ámbito laboral.

Estos antecedentes, histórico-políticos, nos hacen apreciar que la relación “política social-derechos sociales” no viene establecida desde la aplicación de un derecho, sino que una vez que el Estado ha propiciado una conducta social, el ciudadano se hace portador de un Derecho Adquirido y por ende, en términos jurídicos, se marca un precedente que obliga al Estado a seguir cultivando esa línea de acción. Ante esta realidad, no queda más que apreciar, desde el ámbito de los derechos sociales, la política social existente, porque intentar visualizar un marco de política social instaurada o motivada por la existencia de derechos sociales, sería normatizar una situación social que se debe más a la dinámica y a los cambios que a una conducta dirigida por el orden jurídico de una sociedad.

Una muestra de esta dinámica y cambio de “lo social” en el espectro de la comunidad política organizada, lo plantea Carlos Sojo , al referirse que la política social, una vez aplicada y relacionada con los derechos sociales, ha ampliado su espectro. Ya no es sólo necesidades de salud, nutrición o educación lo que ocupa las prioridades, sino que la cuestión ambiental y la sostenibilidad de los recursos naturales, así como el problema de la participación en la toma de decisiones políticas, son hoy la vanguardia de las demandas sociales del colectivo.

Ante esta dinámica Carlos Sojo propone tres niveles de observación que a su entender permitirían apreciar la relación de la política social con los derechos sociales, en un tiempo real que nos permita distinguir el carácter multiplicador de las condiciones de bienestar más allá del efecto inmediato de la aplicación de la política social. Se refiere a: el conocimiento, el cual permite la incorporación de mano calificada al trabajo; la salud, por la vía de la prevención y la atención primaria, que evitaría gastos elevados en este concepto en sociedades reprimidas económicamente; y la participación política, que le daría a los ciudadanos la posibilidad de tener presencia en la toma de decisión política que evalúa sus demandas sociales.

En una palabra, la política social desde los derechos sociales, es un instrumento de ejecución del Estado que permite potencializar la capacidad de los individuos para hacer frente a sus necesidades materiales y simbólicas, interactuando con el sistema político y actuando a través de la ejecución de esa política social.

Si bien es cierto, la política social se debe a la personalidad política de un Estado Benefactor, tal cual lo expresa Norbert Bilbeny, no es menos cierto que a pesar de que ese Estado (en condiciones democráticas y neoliberales) haya evolucionado hacia la figura de un Estado Gerente, galante de las políticas que instrumentaliza y generador de productividad para el colectivo, aún mantiene, en su visión a largo plazo, la necesidad de seguir siendo reconocido como Estado Benefactor, puesto que el fin último y continuo de las nuevas ofertas políticas en latinoamérica, se circunscribe en ofertar “bienestar” por sobre todas las cosas.

El Estado de bienestar, según lo define Bilbeny, es un proyecto, así como un modelo de sociedad, que constituye el principal punto programático de gran número de ideologías y partidos políticos actuales. Surgió en la segunda mitad del siglo XX, y su razón de ser es que el gobierno de un Estado debe ejecutar determinadas políticas sociales que garanticen y aseguren el bienestar de los ciudadanos en determinados marcos como el de la sanidad, la educación y, en general, todo el espectro posible de seguridad social.

El Estado de bienestar no hace sino generar un proceso de redistribución de la riqueza, desde donde las sociedades desarrollen y ejerciten sus políticas tendentes a conseguir un cierto Estado de bienestar. Pese a ello, sí existen diferencias entre las políticas que en este sentido aplican los partidos de tendencia liberal más, cuyo punto de vista es conservador, entiendo el Estado de bienestar como la garantía de que ningún individuo subsista por debajo de un mínimo umbral de calidad de vida; y las formaciones socialistas o socialdemócratas para las cuales el Estado de bienestar significa la posibilidad de construir una sociedad más justa y solidaria.

Ahora bien, lo que se aspira que prevalezca es un “Estado para el Bienestar” y no la idea liberal del “Estado de Bienestar “que se definió anteriormente. Esta visión del “Estado para el Bienestar”, va más allá de planteamientos ideológicos, se concentra en la factibilidad de las situaciones. Es decir, en la ejecución concreta y completa de una Planificación Social.

Para efectos de los estadios que descriptivamente determinan el avance de la Planificación como eje promovedor de la política social, en razón de realidades sociales determinadas, se construyen definiciones operativas de nuevos valores que toma la Planificación según su ingerencia directa en la guía hacia la consolidación de la política social en un tiempo histórico determinado. Hablamos de una Planificación Social que de acuerdo a las necesidades orienta una respuesta directa al colectivo; de allí, en la medida que esas necesidades pasan a ser parte de una gestión de Gobierno, del Estado Benefactor, se hace cada vez más necesario que la atención se circunscriba en torno a la pobreza como indicador a llevar a sus mejores dígitos de inexistencia. Una vez que ese Estado Benefactor logra motivar al colectivo con su propuesta social, esta se transforma en Programas Asistenciales que aspiran alcanzar la Igualdad de Oportunidades.

La Política Social puesta al servicio del colectivo se transforma en un derecho adquirido que a su vez alimenta el espíritu de las organizaciones de la Sociedad para exigir el cumplimiento de los acuerdos y reconocimientos que el Estado en su deseo de Igualdad Social ofreció a la colectividad. Se incrementa las demandas y con ello se hace necesario recurrir a la Planificación Situacional, cuyo ideólogo fue Carlos Matus, a efecto de poder orientar y hacer factible todos esos requerimientos sin que ello constituya un obstáculo para el desarrollo de otras políticas del Estado.

En cuanto a los Derechos, es importante resaltar la figura de la Planificación Ideológica (argumento de José Luis Coraggio), la cual es el ordenamiento de las actividades y orientaciones que se le ha de dar al factor político en el marco de la visión de Estado que se oferta como Gobierno. Planificar la ideología es construir mecanismos de factibilidad de la razón de ser inspirativa de los Gobiernos. Es decir, darle un sentido coherente con las necesidades y programas asistenciales, a la concepción de mundo y de sociedad de los Partidos o Movimientos Políticos. Porque muchas voces habrán decretado la muerte de la partidocracia, así como del neoliberalismo, pero nadie podrá esperar nuevos esquemas de organización política, tal cual lo expresa Bilbeny, sin que ello implique los valores democráticos y de libertades de las sociedades. En este siglo XXI, no hay lugar para las oligarquías.

4.2.-SEGUNDA APROXIMACIÓN TEORÉTICA

La política social bolivariana es una respuesta de un Estado a las demandas del colectivo; por otro, los derechos son el producto de un acto noble de la humanidad que no es más que delegar en unos cuantos la responsabilidad de todos en hacer posible un mejor medio social de convivencia. Es decir, a ese ciudadano “burocratizado” que expone fielmente Rolf Schoroers, con sus vicios y bondades, le hemos entregado la autoridad de tomar la decisión de darnos lo que necesitamos para tener, por lo menos, una “vida sustentable”.

El Estado ha pasado a detentar un papel fundamental en la regulación de las relaciones sociales y en el funcionamiento del mercado, cuyo propósito es prevenir las crisis periódicas del capitalismo, asegurar el pleno empleo, proveer a través de políticas sociales universales servicios básicos a los ciudadanos, luchar contra la pobreza. En este contexto de crecimiento económico, de desarrollo y expansión industrial y tecnológica, de expansión del empleo, se consolida la sociedad salarial: el empleo asalariado se conforma en el factor de inclusión social por excelencia. La sociedad capitalista industrializada, en el marco de los derechos sociales, reproduce una equiparación conceptual entre trabajo y empleo. Consecuentemente, el ser trabajador se constituyó en un aspecto central de la identidad social y cultural de los sujetos, condición que operaba como fuente de derechos y beneficios. Sobre esta idea se configuraron los sistemas de políticas sociales. El acceso a muchos bienes y servicios directamente relacionados con el bienestar está determinado por el modo de inserción en el mercado de trabajo.

El neoliberalismo ha tenido que enfrentarse con la virtual imposibilidad de dar por tierra con el complejo de instituciones sociales producidas por el pacto social entre capital y trabajo. El verdadero obstáculo ha sido el nudo de relaciones institucionales y compromisos políticos y sociales condensados en el Estado de Bienestar. Se han realizado esfuerzos destinados a limitar la participación del Estado en la labor del bienestar social, y a transferir dicha responsabilidad a personas, organizaciones de voluntariado y al mercado comercial privado. Es decir, el principio de la responsabilidad que tienen los estados para asegurar el bienestar de sus ciudadanos se ha erosionado considerablemente.

Si nos ubicamos en el ideario neoliberal-neoconservador es evidente que las políticas sociales persiguen como objetivo "contener y amortiguar" los "efectos no deseados del modelo", e implícitamente, disminuir los riesgos de conflicto y contener la crisis socio-política, a través de prestaciones focalizadas, destinadas a los más excluidos del sistema.

Conforme con la visión liberal, las políticas sociales se reducen en ayudas directas a partir de la asignación de un subsidio en dinero, sin posibilidades siquiera de lograr una estructuración en el consumo. De tal modo, se pasa de una política de estado que aspira a actuar sobre las estructuras mismas de la distribución a otra que solo pretende corregir los efectos de la distribución desigual de los recursos en capital económico y cultural, determinando una "caridad de Estado", como en los tiempos de la filantropía religiosa, a los pobres meritorios.

Es necesario construir una alternativa que implique un cambio al predominio conceptual neoconservador (pensamiento único, único camino, única posibilidad). Ese "camino alternativo" debe sustentarse en un modelo de desarrollo que asegure igualdad de oportunidades en el acceso a bienes social y económicamente relevantes. Pensar en los sujetos de las políticas sociales supone pensar en términos de igualdad la cual a su vez supone equidad. La política social debe retomar su contenido de justicia redistributiva basada en los valores de la solidaridad colectiva, debe posibilitar construir una igualdad sustantiva que deje de ser una mera propuesta niveladora y se transforme en un proyecto habilitador del desarrollo humano, proyecto que debe permitir la vigencia plena de la noción de ciudadano. Al respecto, podemos observa que históricamente hubo una evolución en el concepto de ciudadanía moderna: primero la ciudadanía civil, referida a una serie de derechos asociados a la libertad; luego la ciudadanía política relacionada con el derecho a participar en el ejercicio del poder político y finalmente la ciudadanía social, consistente en el derecho a poseer un nivel adecuado de educación, de salud, de habitación, de seguridad social, entre otras.

La distinción entre ciudadanías civil, política y social tiene sentido considerarla así desde una perspectiva histórica. Pero, por el complejo de derechos que cada una supone y la estrecha interrelación que existe entre ellos, podemos afirmar que la ciudadanía es un sistema, porque necesariamente el inadecuado ejercicio de algún derecho repercute en los restantes. Es evidente que el Estado debe recuperar el protagonismo como actor social central de las sociedades modernas, a efectos de cumplir su obligación de respetar, proteger, garantizar y promover cada uno de estos derechos.

Ahora bien, haciendo cuentas a la percepción teórica de Ashis Nandy , la visión de una política social sin derechos sociales, o viceversa, trae consigo una vieja discusión en el campo teorético, puesto que más de un investigador ha tratado de responder: ¿qué enlace existe entre derechos sociales y la política social conocida de forma práctica en las propuestas del Estado Benefactor? Ya he intentado enfocar este aspecto en la primera parte de este ensayo, aunque mi posición se ve claramente influenciada por le teoría del derecho, en cuanto a que la política social surge como propuesta de Estado y luego pasa a ser parte del marco normativo del Estado de Derechos. Ese factor ausente, llamémoslo “el tercer incluido” que viene a relacionar los “derechos sociales y la política social” en la ruta a una respuesta coherente con las exigencias y demandas de una sociedad, viene a ser el concepto de Ciudadanía. Este concepto, desarrollado ampliamente por T.H. Marshall nos expresa cuál es la condición social de un miembro nativo o naturalizado de una ciudad o Estado.

La ciudadanía, si la enfocamos en el marco de la teoría política, es la posición que ocupa una persona como miembro de un Estado con derechos y deberes definidos. Esta idea es asociada históricamente a la Revolución Francesa del siglo XVIII que logró derrocar a la monarquía (en la que los ciudadanos eran súbditos de la Corona, carecían de derechos y debían acatar las leyes que ellos no podían establecer). La guerra de la Independencia estadounidense logró derrocar de forma similar a la Corona británica para promulgar a continuación una Constitución de libertades ciudadanas. El concepto de ciudadanía, base y fundamento de la legitimidad y la representación política aparece en la primera Constitución liberal española de 1812, pero también se extendió por toda la América española, sirviendo de fundamento a los movimientos de emancipación, que desembocaron en la independencia y la redacción de las constituciones liberales en los nuevos países.

La teoría moderna de la ciudadanía, que surge con las publicaciones de Thomas Paine, ha sido modelada por T.H. Marshall como una lucha entre el sistema de clases sociales y los derechos de los ciudadanos. El sistema de clases utiliza el mercado para conferir poder y ventajas sociales, y el resultado de la mercantilización del estatus social es, típicamente, la desigualdad. La ciudadanía se relaciona con el Estado para demandar derechos para sus miembros y, a cambio, el Estado le impone deberes como el servicio militar o el cumplimiento del derecho vigente. El creciente poder de la ciudadanía se inicia con la inauguración de los derechos fundamentales de hábeas corpus en el siglo XVIII y a continuación sigue con la lenta difusión del sufragio político en el siglo XIX y la posterior extensión de los derechos sociales a las pensiones, la sanidad y la educación; para algunos teóricos, entre quienes se suman Alfonso Gándara, el sistema de clases y la ciudadanía están en pie de guerra y el Estado de bienestar es su campo de batalla actual.
Como se puede apreciar este aporte de Marshall responde a la interrogante inicial que se planteó: ¿es la política social la materialización de un derecho o es el derecho del colectivo lo que influye en el Estado para la formulación de una Política Social? La respuesta se expande por sí sola: es la clara manifestación de un Derecho que le es inherente a las personas en la medida que ella cumple los deberes que le ha consagrado la organización política y jurídica de su entorno social. Por ello, visualizar que un Estado produce o promueve la política social y luego esta se transforma en derecho, por esa vía del derecho adquirido, es una idea muy débil que no se sustenta teóricamente. Lo que quizás sí se mantenga es el evidente descuido que ha padecido la planificación como orientación de las políticas sociales. La planificación ha de ser rescatada siendo adecuado hablar de un nuevo enfoque de planificación hacia los asuntos sociales. Me refiero a la Planificación Ideológica, la cual vendría a ser, en un segundo intento teórico de conceptualización, la orientación de los intereses políticos del Estado y la Sociedad, en razón de las condiciones ideológicas que promueve el orden social constituido. Es decir, una planificación que partiendo de la base situacional (planificación estratégica situacional de Carlos Matus), nos permita reordenar el aparato Estado en su misión de responder a las necesidades de un colectivo, pero en esta oportunidad, en función de valores y preceptos de sensibilidad humana que fortalezcan el crecimiento y legitimidad del Sistema Político. Acá nos encontramos con la equidad y sus circunstancias.

Para Héctor Assael, Director, División de Comercio Internacional, Transporte y Financiamiento CEPAL, no es sencillo definir el concepto de equidad, pese a que muchas veces se ha ensayado con distinta suerte. Sin embargo, cuando uno busca definirla, se está pensando en la igualdad de oportunidades, esencialmente económicas, y en los caminos para avanzar hacia ella. Esa equidad se manifiesta y mide en el espectro racionalista, a través de la distribución del ingreso personal o familiar de los países, con metodologías generalmente aceptadas de cuantificación y simplificación de lo que se considera una buena y justa distribución de los recursos.

En el ámbito del Estado, un asunto es equitativo en la medida en que garantice igualdad de oportunidades, así sea entre desiguales. En la experiencia del Poder Local en muchas regiones de Venezuela, a partir de su apertura electoral en 1989, la figura conceptual de equidad toma forma de “integración” y “organización” de los vecinos en torno a políticas sociales dirigidas a mejorar las condiciones de salud y servicios de las comunidades. Así reposa en las ordenanzas de Municipios como Turén, Araure, Paéz, Guanare y Guanarito, del Estado Portuguesa. Pero el concepto de equidad va mucho más allá de estas apreciaciones prácticas, al plantearse se hace referencia a la justicia, en expresión de Laura Pennacchi (1999), de la distribución, en todo sentido (material y humano) entre los miembros de la sociedad. En nuestro caso partimos de la consideración de que, en la sociedad venezolana, la cual en cierto modo es prolongación del espíritu organizativo de la sociedad latinoamericana, los recursos disponibles permitirían producir más; es decir, dar mayores oportunidades a los hoy excluidos por el Estado. Es importante mencionar que los recursos son un limitante para la ampliación de la cobertura, por lo tanto, la argumentación es válida en la medida en que el análisis de la asignación concreta de recursos, en las diferentes organizaciones del Estado, lo permita.
El enfoque de los derechos con equidad ha adquirido relevancia al prosperar el llamado a respetar los derechos sociales, culturales y económicos, y a incluir muchas aspiraciones bajo la égida de los derechos humanos. A menudo se ha propuesto que estos derechos tengan la misma dimensión que los más tradicionales derechos civiles y políticos. A veces resulta difícil comprender claramente la naturaleza del derecho bajo la forzosa inclinación de responder con equidad, más aún cuando esa equidad ha de relacionarse o interactuar garantizando el derecho a la libertad de la persona o el derecho de asociación. La formulación más apropiada del enfoque de los derechos con equidad figura en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la 9ª Conferencia Internacional de Estados Americanos, celebrada en Santa Fe de Bogotá, Colombia (1948), que, además de reconocer el "derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona", va más al elemento básico de la preservación del ser humano, es decir, su salud, aspecto que Gándara (1983) destaca como el verdadero principio del derecho social del hombre, dado que una persona sin salud garantizada por la organización política del Estado, no tiene expectativa más que de ser una estadística del fracaso de las políticas sociales del Estado. La 9ª Conferencia Internacional de Estados Americanos declara: "Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad". Es más fácil reconocer estas medidas como justificables, y cabe teóricamente considerar alguna entidad como el Estado responsable de suministrarlas.

En cuanto a la segunda incógnita que nos guió en este trabajo, desde el punto de vista de los derechos sociales, en cuanto a que si la Política Social se ha de entender como un Contrato Social o como una medida de asistencia del Estado hacia con sus conciudadanos; la respuesta que nos ha delineado la revisión teórica es que la política social al surgir bajo la figura de un convenio entre las personas y la institucionalidad ha de cumplir deberes para acceder a derechos, infiriendo que se ha de entender como un contrato social que va actualizándose en razón de las necesidades más sentidas de la ciudadanía. La figura asistencialista sólo muestra las debilidades de un Estado y la respuesta superficial a determinadas demandas del colectivo.

4.3.- TERCERA APROXIMACIÓN TEORÉTICA

El modo en que definimos ciudadanía está estrechamente ligado al tipo de sociedad y de comunidad política a la cual aspiramos. Más allá que como ciudadanos, expresa Gándara (1983), somos sujetos de derechos frente al Estado, también como ciudadanos debemos ser capaces de expresar nuestros ideales e intereses, organizándolos y articulándolos a nivel social. La participación de la ciudadanía contribuye a la redefinición de lo público (parafraseando acá ideas de Nuria Cunill Grau, 1997) quitándole el uso exclusivo de lo público a lo estatal. El sentido último de la ciudadanía es que la gente común y corriente pueda ocuparse de los asuntos de la ciudad y el Estado.
Podemos entender la ciudadanía hoy desde un enfoque de derechos y equidad, tenemos que reconocer las condiciones que aún cuando nos identifica con distintos tipos de derechos y su ejercicio, con distintos tipos de necesidades y su satisfacción, induce al sometimiento de reglas que determina el Estado o la comunidad política. Así, la ciudadanía puede entenderse como un principio de articulación que incluye todas las posiciones de las personas, reconociéndose lealtades específicas y respetando la libertad individual.

Algunos elementos básicos para el concepto de ciudadanía, esgrimidos por autores como Cunill Grau y Norbert Lechner, son: 1. Coexistencia de derechos individuales y colectivos; 2. Lo público no es sólo lo estatal, lo público nos pertenece a todos, por lo tanto las visiones tecnocráticas de la gestión pública no sirven en la construcción de ciudadanos, ya que nos quitan protagonismo y propiedad; y 3. La ciudadanía emerge como un asunto político, como parte de un proceso por construir, estrechamente vinculado a la negociación de intereses presentes en ella.

En cuanto a los derechos civiles y políticos, valga destacar que son un tipo de derechos ciudadanos que reciben el calificativo de primera generación y surgen de Bill of Rights de 1689, de la Declaración de Independencia de EE.UU., en 1776 y de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia de 1789. De esta forma, todos nosotros somos objeto de una doble consideración por parte de la Ley: como persona humana y como miembro activo del Estado.

Como persona, citando ideas de Félix Bombarolo (2003), nos corresponden los derechos civiles, que son derechos inherentes a nuestra condición humana. Son derechos civiles, la vida, la libertad, la propiedad, expresar libremente el pensamiento, entre otros; todo tipo de discriminación atenta contra los derechos civiles. Y como miembro del Estado nos corresponden los derechos políticos, que nos habilitan para tomar parte en la vida cívica del país; el concepto de participación ciudadana es una expresión del ejercicio de nuestros derechos políticos. Nuestros derechos ciudadanos, le suponen al Estado a lo menos: restricciones a su acción, ya que el ejercicio de estos derechos establecen una esfera de autonomía individual para las personas y las colectividades; desarrollo legislativo, de instituciones, procedimientos y otras garantías para su ejercicio; y el deber y la obligación de respetarlos y garantizarlos a todos los individuos. En una palabra: los derechos ciudadanos son deberes del Estado.

En cuanto al papel de la participación ciudadana en el aparato Estado, hay que destacar la figura de la gestión pública para reconocer qué canales tiene de participación el ciudadano común que aspira hacer valer su derecho político. Por gestión pública se ha de entender la manera de organizar el uso de los recursos para el cumplimiento de los objetivos y tareas del Estado, la participación ciudadana en la gestión pública se refiere al rol del ciudadano en cuanto partícipe y en cuanto usuario de las decisiones y gestiones asociadas a la implementación de acciones públicas. Ahora bien: ¿Qué importancia tiene el reconocimiento de la participación ciudadana como un derecho? Esto nos lo respondió Gándara en 1989, en una nota tomada en una de sus conferencias con respecto a la idealización de la Sociedad Participativa que conservamos: “En primer lugar la participación ciudadana es un pilar del fortalecimiento de la democracia y de la gobernabilidad democrática, permite estar más cerca del ejercicio de la responsabilidad pública, e incluso tener responsabilidad en ella. Aumenta la comprensión del quehacer público y el conocimiento de lo que hace realmente. Facilita la transparencia y el control social. En segundo lugar, porque se considera que una sociedad civil fuerte y organizada y un Estado moderno, en mutua cooperación, son requisitos necesarios para lograr el desarrollo esperado…”

A todo esto hay que destacar el Informe del PNUD de Desarrollo Humano para América Latina, del 2002, el cual concluye que América Latina arrastra un déficit cultural que tiene una larga historia. La transición a la democracia ha hecho un intenso trabajo por devolver a los latinoamericanos el derecho de decidir por si mismos hacia dónde quieren ir y por qué medios.

El informe dice que tenemos una diversidad, pero que está disgregada, no integrada. La invitación es entonces a articular nuestra diversidad en un "proyecto país" que contenga la concentración de unos derechos asumidos con equidad, no sólo para ejercitar nuestros ya ganados derechos civiles y políticos, sino para imponer una cultura de la justicia hacia la construcción de una sociedad creativa, solidaria, participativa.

4.4.- CUARTA APROXIMACIÓN TEORÉTICA

Según Laurell (1995),…la construcción de una proposición alternativa de política social necesariamente empieza por revisar el lugar que ocupa la “cuestión social” en el llamado proyecto modernizador y el contenido de éste. Es decir, una clase de existencia, de inserción, de posición, de trato y de participación que se espera tener tanto a nivel individual como colectivo, inmersos en la sociedad en la que nos encontramos, es lo que da sentido a esa creación de una propuesta social identificada con la “cuestión social”. No se trata sólo de vivir, sino de vivir de una determinada manera, que puede expresarse en una “buena vida” y de ocupar un lugar en la sociedad que permita alcanzar esa clase de vida, como “sujeto” o alguien que es dueño de ese bien-vivir y como “actor” o alguien que es su creador principal.

Esto nos lleva a entretejer ideas en cuanto a cómo el siglo XIX pensó la libertad desde el punto de vista de ese “buen vivir”, pero en la conducta política de los llamados anarquistas. Un libertario, o anarquista español, José López Montenegro, escribió en 1801: Mi libertad es el derecho a la vida con todos los goces y magnificencias que facilita la naturaleza, acrecentando por el genio de mis semejantes. Tengo derecho a ser feliz y a poseer los medios que a ello me conduzcan, y tengo el deber de producir contribuyendo a mi dicha y a la ajena. No debo quitar a nadie lo suyo, ni permitir que persona alguna se apodere de lo mío. Pero este mío y suyo es el producto propio, lo que cada cual elabora, con lo que mantiene; y si hay sobrante vaya para el impotente por edad o por salud; vaya para el hermano débil, que hace lo que puede y no produce lo suficiente para sí; vaya para la humanidad. Esta es mi heredera, de igual modo que yo debo serlo de la que fue. Los anárquicos queremos gobernarnos por nosotros mismos, administrarnos y vivir en la patria, en la familia y en el granero universal. Por su parte, otro libertario, Gustavo La Iglesia, inspirado en la necesidad de dar una respuesta a la sociedad burguesa expresó: Es preciso que termine esta fábula de la humanidad dominada y encadenada por principios eternos e inmutables, cuáles son: Patria, Rebelión, Propiedad, Familia, Matrimonio, etc. La historia demuestra que han variado constantemente, según el tiempo y el lugar. ¿Qué era la humanidad, cuando nuestros antepasados vivían en lóbregas grutas? No existía la religión; no había más que la ignorancia de los fenómenos naturales, que debía hacer pasar al hombre por tantas fases: fetichismo, sabeísmo, politeísmo, monoteísmo, antes de dejarle entrever las realidades de la filosofía experimental. La propiedad ha sido sucesivamente familiar, feudal, monárquica e individual. La familia ha sido patriarcal, matriarcal y despótica, según la forma griega, romana o cristiana. El matrimonio ha sido amorfo (promiscuación), poligámico, monogámico, poliándrico, indisoluble y disoluble; las formalidades que lo han acompañado han variado hasta lo infinito, convirtiéndose después en una cuestión de moda nada más.

Esto nos lleva a preguntarnos: ¿Será que dependemos únicamente de lo que nuestra mente es capaz de crear? ¿Cómo explicarnos que tenemos un derecho inalienable a la libertad, cuando nuestra mente se identifica con valores superfluos que la limitan? ¿Será acaso que ese espíritu burgués, creado por el hombre, ha desfasado por completo nuestros orígenes y nos ha condenado a un existir artificial oprimiendo el “buen vivir”? Esto nos lleva a indagar acerca del espíritu del burgués, es decir, el hombre contemporáneo que ha dado forma y valor a la sociedad occidental. Werner Sombart (1883-1941), inscrito en el ámbito de la escuela histórica alemana, produjo una obra de corte profundo sobre la clase burguesa; con el título “Der Bourgeois”, donde plasmó una descripción de la burguesía desde su nacimiento hasta su ascenso como el más típico espíritu de nuestro tiempo, no sólo como especie social, sino como variedad humano dotada de un conjunto de facultades morales e intelectuales. La obra de Sombart rescata (al igual que lo hizo Max Weber con su libro “La ética protestante y el espíritu del capitalismo), esos valores desdeñados y criticados por la izquierda marxista y anarquista. Críticas que iban fundadas en la defensa de una clase explotada y dominada (aunque el anarquismo se extendía a todas las clases), abogando por quienes en ella eran sujeto de injusticias. Originalmente el espíritu de empresa era patrimonio privado de los grandes señores, entre lo cuales adquirió un tinte autoritario; con el paso del tiempo la ambición de adquirir dinero por medio de empresas económicas se extiende a clases más amplias de la población, pero los métodos son distintos: no se recurre a la violencia, sino al camino pacífico de las negociaciones. Poco a poco se va viendo que en esta empresa un espíritu de buen administrador, ahorrativo y calculador, puede rendir grandes servicios: esa ha sido la imagen del “buen vivir” que ha trascendido hasta nosotros.

Si bien este espíritu negociante de carácter burgués, se abrió camino por métodos pacíficos, acabó adueñándose de todos los pueblos, hubo ciertos grupos étnicos en los que el espíritu general se desarrolló desde un principio con mayor rapidez y decisión. Estos grupos son los etruscos, los frisones y los judíos, cuya influencia fue ganando importancia conforme la mentalidad del empresario capitalista, se iba aproximando a la del comerciante burgués. El burgués fue identificado, en estas líneas, como la estirpe de la civilización humana que aprovechó los cambios en función de una atinada visión mercantil. Pero se calla, indudablemente, a qué costo logró tal provecho.

Ese espíritu emprendedor y batallador del burgués es analizando, con indudable propiedad, por los teóricos anarquistas. Para ellos la denominada “atinada visión mercantil”, a la cual se comete a intereses particulares, no es otra cosa que el provecho a costa de las debilidades de una mayoría de la sociedad, a la cual se le priva de libertad. Todo esto amparado en una legalidad artificial que protege al señor burgués y hace de sus actos necesidad en la conformación de una sociedad del futuro. Es de notarse con qué facilidad el burgués logra convencer a la mayoría de instaurar condiciones para el futuro. Su discurso, para con la mayoría trabajadora, es de “el esfuerzo ahora, para el disfrute después”. Nada falso si ciertamente ese “después” existiera, pero como el mismo desarrollo de la sociedad ha demostrado, el trabajo explotador genera beneficios al señor burgués en el ahora y en el mañana, pero el trabajador nunca consigue concretar ese beneficio, puesto que su fuerza de trabajo vendida requerirá más sacrificios cada día. Nunca alcanzará ese mañana de disfrute.

Es de notar que en una sociedad como ésta, conquistada por comerciantes y mercantiles burgueses, el hombre, potencial-transformador, se convierte en instrumento generador de riqueza ajena. Ese espíritu burgués no es otra cosa que la aptitud para el manejo de los sentimientos y debilidades del hombre, por naturaleza libre.

Ello nos lleva a considerar la actitud de la burguesía hacia la mayoría dominada y explotada, haciendo que dentro de la sociedad surjan fuerzas, tanto teóricas como prácticas, que la enfrenten y critiquen en razón de que no llena las expectativas de una mayoría que ve en su transitar diario la injusticia y el aprovechamiento de una riqueza puesta allí para todos. La sociedad capitalista, a través de sus instrumentos de dominación (las fuerzas coercitivas del Estado), impone un orden que desconoce la libertad y los derechos del hombre, ello convierte las expectativas generales en aspiraciones concretas. Estas aspiraciones concretas, llevaron a Karl Marx y a F. Engels a formular su proyecto socialista en el siglo XIX; del mismo modo en que Proudhon y Bakunin emitieron sus ideas sociales, políticas y económicas. Estas fórmulas no intentaban más que materializar un “clamor” general: la necesidad del “buen vivir”. Lo que las diferenciaba del coloquialismo del pueblo, en razón de una aspiración de bienestar basada únicamente en la respuesta nacida ante una explotación, era el carácter científico con que habían surgido. Partiendo de una evaluación del sistema existente, proponían alternativas de organización social que rechazaban los viejos esquemas y propulsaban nuevas figuras direccionales que asumían como el bueno de la partida al hombre, pero cuya inserción en una sociedad equivocada en cuanto a valores hizo desvirtuar la verdadera razón de vivir en sociedad.

Los marxistas se fueron por la ruta de la crítica con un materialismo histórico compulsivo y extremista; los anarquistas asumieron un análisis más radical. Su lenguaje fabricó otros elementos de juicio y derrumbó el tabú del caos sin el Estado; afirmó que era posible la vida en una sociedad sin poder, sin autoridad rectora. Todo basándose en una idea de la satisfacción de las necesidades que daría como producto la paz y seguridad del hombre en un sistema donde se le respete como detentador de una libertad natural. La sociedad que todos los pensadores libertarios distinguen cuidadosamente del Estado, es para ellos una realidad natural, tan natural por lo menos como el lenguaje. No es el fruto de un pacto o de un contrato. No es por consiguiente, algo contingente, accidental, fortuito. Esta visión del burgués, desde la óptica del pensamiento anarquista, es el obstáculo que se impuso en un momento determinado en la humanidad para cuestionar esa vida llevada por el vivir, un vivir está determinado por cada uno de nosotros expresándose en una “buena vida” y ocupando un lugar en la sociedad que permita alcanzar el rol de “sujeto”, que no es más que un ser humano dueño de ese bien-vivir, que como pudimos apreciar ya estaba implícito en el análisis de los anarquistas del siglo XIX.

Este elemento, llevan a preguntar: ¿En cuál sociedad en la que se quiere vivir? ¿Se quiere estar en un proyecto de sociedad que nos garantice con derechos ese “buen vivir” o queremos unas políticas públicas que nos toleren una sociedad en conflicto pero bajo el común plural de un proyecto de “buen vivir” factible?
Acá el nudo del problema es la factibilidad. ¿Cómo entender la factibilidad de un proyecto de “buen vivir”? La factibilidad es un estadio de operaciones y procesos que nos garantiza el alcance de los objetivos o metas sociales, en nuestro caso, aquellas acciones que nos garantice el “buen vivir”. Pero ese “buen vivir” cómo lo queremos, cómo nos vendría a responder a nuestras necesidades de existencia bajo el criterio de equidad y justicia. Duro papel de quien intente darse respuesta directa de este tema, pero que sin embargo, valga el enfoque de sociedad que nos sea más adherido a nuestros intereses para orientar hacia él nuestros patrones de “buen vivir”, siempre y cuando la organización política en la cual se desenvuelva ese enfoque (enfoques que lejos de ir cubriendo etapas, se presenta de manera aleatoria) permita el ejercicio del “buen vivir” bajo el control de quien vive, es decir, el “sujeto”.

¿Puede una persona tener “buen vivir” en un sistema amenazado por grupos de presión postcapitalistas? Basta con recordar las frases de nuestros abuelos en el régimen de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela: “Quien no se meta en política puede dormir con la puerta abierta y el Estado lo protegerá”. Es posible, si estamos identificados con los límites de ese Estado y los asumimos como conducta de vida. Hay libertad de acción por lo tanto control del “buen vivir”. Pero si entendemos la libertad como un asunto de dominio de lo que somos y podemos llegar a ser, simplemente estamos ante el dilema de la “autoridad” como obstáculo, y acá no hay “buen vivir”, hay “sobre vivencia” que, es el estadio actual de las personas en las sociedades capitalistas, así sean excelsamente democráticas. El enfoque de ciudadanía social y cultural, el cual responde a las verdaderas necesidades del hombre contemporáneo, ve la sociedad con pluralidad de sus sujetos y los vincula y relaciona en redes. La ciudadanía toma cuerpo de vínculo que relaciona Estado-ciudadanos-Sociedad, y los sujetos unen sus identidades con las necesidades en proyectos que forman acuerdos políticos. La idea es cambiar la estructura y cultura de poder y el tejido social en una sociedad democrática (plural) y cohesionada (solidaria), donde cada persona es un sujeto auto reflexivo, activo y político para conquistar y exigir una ubicación digna y acorde con su proyecto de vida.

La acción de una política social de Estado, se edifica en este enfoque en razón de los derechos como poderes de los sujetos, exigibles para intervenir en acuerdos y ejercitarlos en el sistema jurídico, social, económico, y espacios de la vida (escuela, familia, trabajo). Se descentraliza y se articula con el desarrollo centrado en la cohesión social, equidad y democratización del poder.

En este sentido, Will Kymlicka y Wayne Norman (de la University of Ottawa), al entender cuáles valores en la sociedad motorizan ese “buen vivir” de los ciudadanos, la concepción de dominio personal parece exigir, por lo tanto, un equilibrio entre derechos y responsabilidades. Pero, ¿dónde aprendemos esas virtudes? Esas virtudes las aprendemos de las relaciones en sociedad, en específico de las corrientes políticas que sirven de directriz a la organización política de la sociedad, nos referimos a la base ideológica que personaliza el rol del Estado. De este modo tenemos:

a) La izquierda y la democracia participativa. Una de las respuestas de izquierda al problema de la pasividad ciudadana consiste en otorgar a los ciudadanos más poder por medio de la democratización del Estado de bienestar y, más en general, por medio de la dispersión del poder estatal en una serie de instituciones democráticas locales, asambleas regionales y tribunales de apelación. Sin embargo, el énfasis en la participación no alcanza para explicar cómo podemos asegurar que los ciudadanos participen responsablemente, es decir, con espíritu de servicio a la cosa pública, sin egoísmos ni prejuicios. Los ciudadanos que se benefician de nuevas cuotas de poder pueden usarlo de forma irresponsable, reclamando beneficios y prerrogativas que finalmente no pueden solventar, o votando reducciones de impuestos y recortes a los programas sociales, o “buscando chivos expiatorios en la indolencia de los pobres, el exotismo de las minorías étnicas o la insolencia e irresponsabilidad de las mujeres modernas”, como expresa Fierlbeck (Katherine Fierlbeck, Redefining Responsibilities: The Politics of Citizenship in the United Kingdom, Canadian Journal of Political Science, n0 24, 1991, pp. 575-583).
Siguiendo a Rousseau y a Stuart Mill, muchos partidarios de la democracia participativa suponen que la participación política enseñará la responsabilidad y la tolerancia, quienes piensan de este modo depositan su fe en la actividad participativa “como el medio por el cual los individuos pueden habituarse a cumplir con los deberes de la ciudadanía. La participación política abre la mente de los individuos, los familiariza con los intereses que están más allá de las circunstancias particulares y el entorno personal, los alienta a reconocer que los asuntos públicos deben ser el objeto central de su atención;
b) Republicanismo cívico. La tradición cívico-republicana moderna es una forma extrema de democracia participativa principalmente inspirada en Maquiavelo y Rousseau (quienes estaban a su vez fascinados por los griegos y los romanos). No es sorprendente que el reciente au¬mento de interés por la noción de ciudadanía le haya dado una amplia audiencia. El rasgo que distingue a los republicanos cívicos de otros participativistas como los teóricos de izquierda que acabamos de discutir, es su énfasis en el valor intrínseco que tiene la actividad política para los propios participantes. En esta perspectiva, la vida política es superior a las satisfacciones puramente privadas que puedan proporcionar la familia, el vecindario o la profesión y debe por lo tanto ocupar el centro de la vida de las personas.
Para explicar la indiferencia moderna hacia la participación política, los republicanos cívicos suelen argumentar que la vida política actual se ha empobrecido en comparación con la ciudadanía activa de, digamos, la antigua Grecia. El debate político ha perdido sentido y la gente carece de acceso a una verdadera participación. Pero es más verosímil ver nuestro apego a la vida privada como el resultado no de un empobrecimiento de la vida pública, sino del enriquecimiento de la vida privada. Si ya no buscamos gratificaciones en la política es porque nuestra vida social y personal es mucho más rica que la de los griegos. Muchas son las razones de este cambio histórico: la valoración del amor romántico y de la familia nuclear (con su énfasis en la intimidad y la privacidad), la creciente prosperidad (y el consiguiente enriquecimiento de las formas de ocio y de consumo), la afirmación cristiana de la dignidad del trabajo (que los griegos despreciaban) y la creciente aprensión hacia la guerra (que era positivamente valorada por los griegos), entre otras;
c) Teóricos de la sociedad civil. La civilidad y el autocontrol como condiciones de una democracia sana, pero niegan que el mercado o la participación política sean suficientes para enseñar esas virtudes. Es más bien en las organizaciones voluntarias de la sociedad civil -iglesias, familias, sindicatos, asociaciones étnicas, cooperativas, grupos de protección del medio ambiente, asociaciones de vecinos, grupos de apoyo a las mujeres, organizaciones de beneficencia-donde aprendemos las virtudes del compromiso mutuo. En consecuencia, una de las primeras obligaciones de la ciudadanía es participar en la sociedad civil; y
d) Teorías de la virtud liberal. A los liberales a menudo se los critica a causa del frecuente desequilibrio que establecen entre derechos y responsabilidades. Los teóricos liberales de los años setenta y ochenta se centraron casi exclusivamente en la justificación de los derechos y de las instituciones necesarias para asegurarlos, sin atender a las responsabilidades de los ciudadanos. De acuerdo con William Galston (Liberal Purposes: Goods, Virtues and Duties in the Liberal State, Cambridge, Cambridge University Press, 1991), las virtudes requeridas para el ejercicio responsable de la ciudadanía que garanticen el “buen vivir” se pueden dividir en cuatro grupos: virtudes generales: coraje, respeto de la ley, lealtad; virtudes sociales: independencia, apertura mental; virtudes económicas: ética del trabajo, capacidad de postergar las gratificaciones, adaptabilidad al cambio económico y tecnológico; y virtudes políticas: capacidad de reconocer y respetar los derechos de los demás, disposición a no exigir más de lo que se puede pagar, capacidad de evaluar el desempeño de quienes ocupan los cargos públicos, disposición a participar en el debate público.

Esta reflexión acerca de las virtudes en relación con la sociedad, personaliza el rol del Estado en razón de las necesidades del colectivo, generándose unos fines de la política social en el marco de la estructura social del Estado. Estos fines están bajo el amparo de modelos estructurales que vienen a identificar los espacios de participación abiertos a las personas. Estos modelos son: el residual, cuyo control social está polarizado en las desigualdades; el meritocrático, en el cual la manutención de las fuerzas de reproducción son de carácter doméstico-familiar; el institucional, en el cual el bienestar de todos dentro de una sociedad es económica y socialmente deseable; y el denominado modelo democratizador, cuya cohesión está en razón de la equidad y la democratización en una sociedad plural y justa. Sociedad en que cada persona es reconocida como “sujeto” y tiene la posibilidad, con resguardo de los derechos por parte del Estado, de asumir el “buen vivir” en razón de sus necesidades y conveniencias.

En este aspecto, Daniel Fränkel, en un ensayo titulado Entre políticas públicas y programas sociales: ¿un olvido histórico: la subjetividad negada? que publicara el autor el sitio web identificado como www.iigov.org, en el año 2002. el sujeto se ha de definir como ser histórico y social que está conformado por el marco institucional que lo estructura. Su constitución es vista como un aspecto del proceso social. Este proceso no es lineal; es el resultado de conflictos y luchas en torno a legitimar un lugar en la constitución de lo social y por lo tanto de lo político.

Ello nos lleva a percibir que la construcción de significaciones pertenece a cada persona; cada sujeto, está sujeto a algo. Como expresa Heller: “Sujeto puede significar estar sujeto a o sujetar algo”. En nuestro caso a las reglas institucionales en que se desenvuelven los programas, vinculados con imperativos hegemónicos primordialmente de naturaleza objetal y normativa y excluyentes de componentes desiderativos o vinculares. Estos últimos están ligados con disponibilidad de libertad para la autonomía. Libertad es hablar de deseo. Significa un cuidado de sí mismo; incluye libertad de actuar con intencionalidad y con capacidad de iniciativa.

Nos referimos entonces a un Orden Institucional en el cual los sujetos generan o reproducen espacios y lugares, prácticas e intercambios colectivos. En estos espacios se transmiten formal e informalmente reglas; se perpetúan y reproducen relaciones y códigos fundantes de poder; al mismo tiempo se deslizan presupuestos desiderativos y de autonomía. Los sujetos se apropian, de manera natural, de las reglas que sostienen fundamentos del poder institucional; pero al mismo tiempo develan propias fisuras institucionales por donde se cuelan posibilidades de transformación. En un plano individual la apropiación se refiere al adueñamiento personal que habilita y fortalece las capacidades de gestión y atención; en una perspectiva institucional significa hacerse propio, tomar para sí, hacerse dueño de interpretaciones, de significaciones en un plano conceptual, instrumental ó ético- político.

En una palabra, el legado del neoliberalismo es ampliamente conocido: Las arcas públicas vacías, los costos crecientes de una univer¬salización del sistema social existente, así como la nece¬sidad de intervenciones de mayor alcance para luchar contra la pobreza, entre otras; el argumento de políticas prácticas de que la escasez de recursos financieros exige la concentración de los medios disponibles en los sectores más necesitados de la sociedad. Por otra parte, la concen¬tración en agrupaciones específicas respondería también a la necesidad de una nueva orientación que se extiende a los sectores más pobres de la sociedad, que hasta ahora no han sido amparados por los sistemas tradicionales de seguridad social. Incluso las áreas tradicionales de la política social, como son los sistemas de salud y educación públicas, de inspiración universalista, gratuitos para los menos privi¬legiados y, al menos de acuerdo con la ley, accesibles para todos los ciudadanos, perdieron su aspiración universalista, en especial a comienzo de los años 80, debido a la decadencia progresista. Las tareas de matriculación en las escuelas prima¬rias, como ejemplo, variaron en 1985 entre 58,2 % en países como Guatemala, Colombia, Brasil; hasta más del 95 % alcanzado en países como Argentina, Chile, Costa Rica (datos del PNUD).

Esto nos lleva, lejos de interpretar hasta dónde nos puede llevar una política social de derechos, a formular un nuevo enfoque de la política social más centrado en los grupos empobrecidos de la población como grupos-meta, permi-tiendo por lo menos considerar las desigualdades sociales existentes y lograr efectos progresivos de redistribución, que en definitiva sería incluir el concepto de equidad en derechos.

Los problemas de asistencia social estatal dirigidos a los pobres (construcción de viviendas de inte¬rés social, programas alimentarios, etc.) no son ninguna novedad en la región; en diversos países existen desde los años 60 o 70 (Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, Venezuela, Guatemala, entre otros). Tampoco es una novedad los programas de des¬arrollo orientados a los pobres y el fomento de grupos de autoayuda a través de organizaciones de asistencia social extranjeras no gubernamentales pueden ser evaluados también como una forma de políticas sociales selectiva y enfocada en la población pobre como grupo-meta. Lo que sí es nuevo es la estrecha vinculación de las estrategias orientadas a grupos-meta con la política econó¬mica de ajustes estructurales y su supeditación funcional a esa política. En este sentido, por lo general, las estrate-gias político-sociales selectivas para la lucha contra la pobreza son evaluadas como compensaciones sociales a un ajuste estructural considerado como necesario. Es más, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo facilitan recursos adicionales para promover medidas sociales de amortiguación destinadas a aliviar la pobreza. Esto nos lleva a proponer que la política social del Estado debe concen¬trarse principalmente en programas de asistencia social o “amortiguación” dirigidos a los pobres, mientras que el sistema estatal de seguridad social, así como el sistema educativo y el de salud pública, podrían ser privatizados en gran medida. El Estado debe velar por los intereses del colectivo, pero no debe acumular todos los medios para prestar atención a esos intereses. Una conducta inteligente del Estado es apoyarse en el sector privado y generar condiciones en ese sector para que apoyen los intereses colectivos con eficiencia y un costo razonablemente solidario.

En los años 80 y principios de los 90, se implementaron una serie de programas de asistencia social y fondos socia¬les en diversos países de América Latina. Aquí se incluye diferentes programas financiados con dineros del presupues¬to estatal, tales como construcciones de viviendas, planes de emergencia para combatir el desempleo, programas alimen¬tarios, programas de patrocinio de grupos de autoayuda e iniciativas comunales en los barrios pobres o de las micro¬empresas del sector informal, pero también el estableci¬miento de los Fondos de Inversión Social financiado por el Banco Mundial.

Los Fondos de Inversión Social (FIS) constituyen la parte esencial de la estrategia político-social a los pobres, recomendada por el Banco Mundial como compensación de los “costos” sociales de la política de ajuste estructural en Latinoamérica. Los fondos sociales fueron implantados y probados por primera vez en Bolivia, en 1985, por recomen¬dación del Banco Mundial; también han sido aplicados en Chile, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá, Nicaragua, México, Perú, Uruguay y Venezuela; y son una vía alternativa factible para reponer ciertos equilibrios en la sociedad.

Sin embargo, se han presentado otras situaciones que hacen de la participación del financiamiento internacional en un claro obstáculo para alcanzar equidad en la ejecución de los derechos sociales, me refiero a la concentración de las inversiones en infraestructuras y trabajos de mantenimientos que significan recursos de los fondos canalizados en un área de los gastos sociales del Estado que ha experimentado recortes particularmente drásti¬cos desde los años 80 en América Latina. Esos recortes se sintieron en la desigualdad y en la exclusión, en sectores como la mujer, los niños, minorías étnicas, marginados urbanos. Por otro lado, están las mani¬festaciones más violentas de la pobreza, el desempleo que se está generalizando a nivel mundial. Ello hace necesario la puesta en marcha de programas que apoyen frecuentemente las organizaciones no gubernamentales (ONG`s) que trabajan ya en el área social, en empresas privadas y en las comunidades, creando vías alternativas para asegurar la respuesta a necesidades sociales básicas de quienes viven en la profunda crisis latinoamericana.

El Banco Interamericano de Desarrollo en los noventa marcó un nuevo camino conocido como “La agenda social del Banco”, que tiene, a mi entender, una vigencia aún muy importante, dado que las condiciones que la originaron aún persisten y el objetivo a eliminar sigue siendo el mismo: la pobreza. Por ello reproduzco los lineamientos básicos de esta Agenda que, de alguna manera, han de estar reflejados en los programas sociales que se intenten hacer de en los próximos diez años: 1.- En Desarrollo urbano: donde se apoyó el mejoramiento del suministro de servicios urbanos básicos así como programas de reforma del sector vivienda y las políticas de descen¬tralización fiscal y fortalecimiento municipal; 2.- En Educación: se priorizó la calidad de la educación y el aumento de la eficiencia con el financiamiento de pro¬yectos de mejora de la educación básica, tratando de esa manera adecuar la oferta de servicios a la demanda de los sectores productivos; En ciencia y tecnología: el financiamiento se orientó a apoyar a los países a enfrentar los desafíos que trae consigo las medidas de liberalización de sus economías; En salud: han buscado apoyar a programas que mejoren tanto las condiciones de salud -especialmente de la pobla¬ción de bajo ingreso- así como la eficiencia operativa del sector. Se han reforzado las acciones de los programas preventivos de salud pública y apoyando los procesos de descentralización de servicios y desarrollo gerencial; y En fondos sociales: orientados a grupos específicos para financiar proyectos que alivien los costos sociales deriva¬dos de los ajustes económicos.

En cuanto a Venezuela, abría que agregar, haciendo un análisis politológico del asunto, que para finales de los años ochenta y principios de los noventa, se ejecutaron una serie de reformas económicas y sociales de orientación neoliberal conocidas como “El Gran viraje”. Estas reformas pregonaban lo inconveniente de un desarrollo de la sociedad fomentada por un Estado paternalista, intervencionista, ineficiente, burocratizado y en quiebra. Se ponía en tela de juicio la capacidad de respuesta y de acción del Estado tanto en lo económico como en lo social, al no poder contener la creciente pauperización de la sociedad venezolana y al permitir el continuo deterioro de todos los servicios públicos, en especial los sociales. Es, entonces, que tanto por cuestiones ideológicas como pragmáticas, las reformas parecieron necesarias y de urgente aplicación en el país. Esto motivado a dos razones elementales: primero, era “necesario” el desmantelamiento de las estructuras sociales públicas por resultar ineficientes. La segunda razón se basa en que debido a la reducción de los recursos económicos para lo social (gasto e inversión) se hizo imprescindible transformar a la política y los programas sociales públicos tradicionales en acciones eficientes, productivas, de gran flexibilidad gerencial, de mucha transparencia operativa y que en definitiva colocaran a los beneficiarios en primer lugar. (González, 1996: 13) Resultó necesaria la aplicación de reformas en el área social pública, que transformaran a la función social estatal de clientelista, asistencialista y conciliadora a un paradigma de eficiencia y eficacia institucional y gerencial. La nueva gerencia social sabía que la simple presentación teórica de la recomendación de transformar el modo tradicional de hacer política y programas sociales no tenía en si el peso suficiente para enfrentar la resistencia al cambio de la burocracia de la gerencia tradicional. En tal sentido, las reformas y la nueva gerencia denominada Particularismo necesitaba con urgencia demostrar de alguna forma lo ineficiente del que hacer de los programas sociales tradicionales. Así que, para lograr mayor credibilidad, resultó imprescindible la utilización de mecanismos de evaluación y medición del desempeño e impacto de los programas “universales”, para así exhibir, con cifras y hechos ciertos, la ineficiencia, vulnerabilidad y ineficacia de los mismos. De esta forma es que la vinculación entre reformas del “Particularismo” y los sistemas de evaluación dejó de ser casual. Los sistemas de evaluación ayudarían a las reformas a realizar una reevaluación de lo que hacían las instituciones sociales públicas y a decidir si ellas deberían continuar o no con el desempeño de sus actividades. Este fue el mecanismo perfecto para que las reformas lograran reducir la inherencia estatal en los servicios públicos y dar así cabida a la participación ciudadana organizada y a los sectores privados en el área social.

En definitiva, la evaluación fue apreciada como un sistema que fomentaba la gestión de la gerencia social moderna en Venezuela. Esto en razón de que la nueva visión de las evaluaciones debía impulsar y optimizar la eficiencia, clarificar las decisiones y hacer más accesible y pública la información sobre el desempeño del programa social ejecutado o a ejecutar. Deberían de igual forma, las evaluaciones, mejorar la elaboración de políticas legislativas, financieras, de optimizar las decisiones sobre el gasto y la supervisión del impacto que tiene el programa, es decir medir la calidad del beneficio entregado y medir el grado de satisfacción del usuario.

El análisis de los resultados de las evaluaciones ejecutadas a los programas sociales tradicionales, recomendaba ampliamente la reducción de la cantidad de programas sociales que están en acción y el “rediseño” los que se encontraban en la etapa de formulación. (Musto, 1975: 42-43 / Maignón, 1992: 70)

En definitiva, las nuevas evaluaciones ejecutadas en período de reforma en Venezuela, estaban destinadas a medir el impacto, el resultado y la relación costo beneficio (monetario) de los programas tradicionales. Esto nos lleva a una tendencia técnica en la que los sistemas evaluativos solo se dedicarían, en adelante, al análisis de los logros del programa (incidencia) junto con al estudio las dificultades técnicas financieras que deberían superarse durante su ejecución. Es decir las evaluaciones se convirtieron en un simple análisis económico, de presupuesto y de eficacia (nivel de ejecución alcanzado respecto a lo programado en términos monetarios) de todo los programas sociales. En tal sentido, la política social en Venezuela se ha limitado a ser apreciada bajo el enfoque de evaluaciones sociológicas que aprecian la realidad social desde la fórmula de un análisis de: La interpelación entre los diferentes actores sociales que revierten sus propuestas en el diseño de los programas social; el proceso de negociación entre los actores para articular un programa; el análisis estratégico de las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas reales del programa ante sus beneficiarios y ante el escenario donde se ejecuta. Acá se aprecia la Planificación como instrumento guía para comprender cómo hacer y cómo identificar los procesos atinentes a la formulación de políticas sociales.


4.5.- CERRANDO CÍRCULO

El principio inspirador de la Política Social es el logro del Bienestar Social colectivo, sin embargo, la Política Social, a partir de una naturaleza dicotómica, contradictoria y dialéctica, vendría a ser, a mi entender, el conjunto explícito, ordenado y sistemático de formulaciones estratégicas, definidas, articuladas y direccionadas por el Estado y por actores sociales civiles y privados, para propiciar salidas concertadas socialmente. Estos lineamientos estratégicos, los cuales asumo en razón de que mi formación como Planificador me hace centrarme en aspectos racionales concretos y factibles, buscan el logro de finalidades sociales, que se delimitan a partir de posturas u orientaciones teórico-conceptuales y político-ideológicas, entre ellas podemos mencionar las siguientes: La Política Social vista como el conjunto de mecanismos estatales de acción y bienestar social, que buscan disminuir y eliminar las diferencias socioeconómicas entre los grupos de una sociedad determinada así como afrentar la desigualdad social con medidas redistributivas y de acceso a servicios sociales a través de la generación de empleo productivo y convirtiendo al desempleado en trabajador asalariado (salario directo); y la posibilidad de acceso a servicios sociales: Salud, Educación, Vivienda, Alimentación, Seguridad Social, Cultura, Deporte y Recreación. (salario Indirecto); la Política Social vista como el conjunto de mecanismos de acción social necesarios para paliar y atenuar los efectos sociales del desarrollo, para compensar mínimamente a los excluidos y marginados; es decir, entendida como programas asistenciales, promocionales, emergentes, cortoplacistas y desarticulados, focalizados a sectores en situación de necesidad extrema.

La Política Social ha de ser entendida como el conjunto de estrategias e instrumentos estatales de acción social, indispensables para incidir en la reproducción de la fuerza de trabajo y en la legitimación y ampliación del dominio y poder del Estado sobre los grupos que integran una sociedad; y la Política Social entendida como el conjunto de mecanismos sociales estatales indispensables para asegurar la cohesión, el consenso y la estabilidad social, es suma, su finalidad es la gobernabilidad de una sociedad.

Las orientaciones en torno a la Política Social Bolivariana, aparece como "tipos ideales"; como configuraciones abstractas necesarias para analizar un fenómeno social determinado, pero, en la realidad concreta, la Política Social implementada en una realidad engloba todas esas orientaciones, ya que dentro de los marcos de una sociedad determinada aquella tendrá una naturaleza dialéctica, dicotómica y contradictoria que hará que todas las orientaciones mencionadas coexistan e interactúen, en sus razones naturales de conflicto, dentro de ese contexto social sin descuidar la meta de un confort y bienestar para materializar un “buen vivir”.

A manera de conclusión, nos suscribimos a realizar una propuesta organizativa que vaya en procura del fortalecimiento de los derechos sociales con equidad. Todo esfuerzo intelectual amerita un cierre que proponga más allá de las ideas de los teóricos y pensadores de nuestro tiempo, salidas o escenarios para profundizar los matices asumidos desde lo abstracto de la reflexión teórica. Para José Fernández Santillán (“Sociedad Civil y Derechos Humanos”, México, Revista Letras Libres, Febrero 2001, año III, Nº 26, Págs. 12-14), el mundo moderno se ha abierto a diversas esferas de la acción humana en tres espacios fundamentales, es decir, el económico, el social y el político, que antes se encontraban mezcladas, podemos decir que cualquier intento de confusión entre esas esferas va en contra del proyecto civilizatorio de la modernidad.

Hay, agrega Fernández Santillán, ejemplos regresivos como el llevado a cabo por los regímenes totalitarios al querer “colonizar”, con base en el desbordamiento del Estado, la esfera social y la esfera económica, o como el practicado por el monetarismo al intentar “invadir”, a partir de la ilimitada expansión del mercado, los campos del Estado y de la sociedad civil. El error ahora, cierra Fernández Santillán, sería negar, desde la Sociedad Civil, los espacios correspondientes al Estado y a la economía. La Sociedad Civil y los derechos del hombre y del ciudadano están ligados indisolublemente. La sociedad constituye la base esencial desde la que se han defendido los derechos civiles, políticos y sociales. La esencia de la democracia radica en llevar adelante una “política de los derechos” que consolide y expanda el panorama de emancipación abierto por el iluminismo (entiéndase ilustración).

Por esta razón, Antoni J. Colon y Joan – Carles Mélich (2001), se refieren al neocontractualismo de Rawls , como una de las alternativas a considerar en la construcción de una política pública bolivariana con equidad. Para éste pensador se hace necesario la construcción de una teoría política y de justicia que sea universalmente válida, es decir, no determinada por los contextos socio-históricos particulares. En la sociedad debe haber orden y ese orden augura la aplicación de un derecho que todos tienen pero que la gran mayoría desconocen la esencia y valor bajo los cuales se han de ir presentando en la sociedad.

Rawls es claro al afirmar que en el ámbito de la teoría de la justicia hay dos principios que se adelantan al valor de supremacía del Estado: 1.- Que cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas iguales que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás; y 2.- Que las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas de modo tal que a la vez sean ventajosas para todos y vinculen a todos al aparato productivo de la sociedad.

Estos principios de Rawls no están en un plano de igualdad, sino en una serie de prioridades que antepone el principio de libertad al de organización política del Estado, procurando salvaguardar las decisiones individuales que son, en definitiva, la mejor garantía para existir como sujeto de la democracia. Y ser sujeto implica relaciones sociales, las cuales han de ser apreciadas en el contexto de la complejidad en que se presentan.

En el estudio titulado Transdisciplinariedad y Complejidad en el Análisis Social, de la Gestión de las Transformaciones Sociales (MOST), de la UNESCO , la Mayra Espina Prieto , expone en su ensayo “Complejidad y pensamiento social”, que en un intento por hacer una apretadísima síntesis, que permite desmantelar en el pensamiento social las operaciones de fragmentación, binarización, disyunción y objetivación, integra una serie de supuestos o nociones generales que hacen posible desarrollar una metodología concreta para reconocer y analizar los conflictos y situaciones propias de la vida social. Esos supuestos descriptivos se resumen en: Noción de universo como totalidad inacabada, en formación, donde se simultanean orden y desorden, determinación y azar, y que se organiza a través de información, en un proceso continuo de disipación y generación de incertidumbre (tiene como principal exponente a Morin 1996); Noción de la complejidad como atributo irreductible, ordinario y cotidiano de la existencia natural y social, que presenta un carácter sistémico integrador. Preeminencia del holismo sobre el reduccionismo (Delgado 2002); Noción de retroacción, mecanismo mediante el cual el efecto actúa sobre la causa, pudiendo incluso amplificarla, y que permite que un sistema adquiera funcionamiento autónomo y que invierta y cambie sus patrones o rutinas de comportamiento (Morin 1996); Noción de autopoiesis; los sistemas autopoiéticos son organizacionalmente cerrados (se construyen y producen a sí mismos en lugar de ser programados desde fuera) e informacionalmente abiertos (captan y producen continuamente información), destacan las ideas en este tema de Luhman, 1982; Noción de adaptabilidad de los sistemas complejos, donde los elementos constitutivos están fuertemente asociados entre sí y tienen, a la vez, capacidad potencial de actuar individualmente, como agentes autónomos del cambio, e influir sobre los demás, abandonando las rutinas (comportamientos tipificados en un repertorio preestablecido) para adaptarse a nuevas circunstancias (Luhman 1982); Noción de sistema abierto, que combina orden por equilibrio –donde se observan patrones de comportamiento que permiten visualizar un atractor– y orden producido fuera del equilibrio- donde no existe un principio organizador y un estado atractor únicos, inscriptos en la naturaleza del sistema (López Pettit 1993); y Noción de coevolución o de adaptación y evolución conjunta: en el proceso de auto-organización los sistemas complejos se transforman conjuntamente con su entorno “ninguno de los dos puede evolucionar en respuesta al cambio sin que produzca ajustes correspondientes en el otro” (Rosenau 1998).
Cuando se percibe lo social desde el ámbito de la complejidad se está apreciando el verdadero sentido de las relaciones sociales. El Estado Social por consiguiente surge como el depurador del Estado Liberar que no ha entendido, o entendió, la complejidad de lo social; las soluciones que propuso el Estado Liberal a la sociedad fueron deficientes, individualistas e insolidarias. Se comportó como el Estado más totalitario de todos, puesto que en “nombre de la libertad” quebrantaba las posibilidades de bienestar del colectivo. Se estima, en expresión de Gándara (1983), que la libertad y la eficacia no son antagónicos, menos aún contradictorios, ya que la libertad sólo tiene sentido en cuanto significa ser libre para participar; mientras que la eficacia, orientada al tener más, sólo se justifica si está al servicio del hombre en la medida que le brinda mayores beneficios materiales.

Es en razón de esto que en la medida que los requisitos sean cubiertos y satisfechos plenamente por el modelo de Sociedad y de Estado que se propugna, podrá éste lograr su justificación y legitimación ética, jurídica, social y política. Al pretender construir un Estado Social desde enfoques de Derecho y Política, política social evidentemente, no estamos reinventando esquemas o agregando nuevos elementos a la consideración teorética de la concepción, sino redefiniendo los elementos presentes en el amparo de las nuevas condiciones sociales y políticas a las que se ha de enfrentar. Es un ir actualizando las relaciones sociales en razón de las relaciones de poder.

El Estado Liberal, denominémoslo de Derecho, aporta un esquema general que la visión de derechos sociales sólo ha de tener la tarea de revisar y reinterpretar, sin descuidar la esencia de justicia, solidaridad y participación que ha de motivar los valores de un Estado Social. Este esquema parte de la valoración de la Ley como imperio y majestad de obediencia de todos los seres humanos; el principio de la separación de poderes como estructura básica para evitar el autoritarismo y la perversión institucional; el principio de la legalidad administrativa, que le otorgaría a las personas un respaldo a la hora de validar sus actuaciones en las relaciones en sociedad; y la denominada garantía legal de los derechos y libertades del hombre que dan un piso normativo para edificar una estructura social con resguardo en los derechos de cada persona. Se ha de insistir en que el Estado debe estar edificado sobre la idea, fecunda y dinámica de paz social y colaboración activa de los ciudadanos; esta realidad sólo sería posible si se desarraigan, con posición política firme, las profundas desigualdades e injusticias de ellas derivadas y que mantiene aún vigente la lucha o conflicto de clases.

El ejercicio de los derechos y libertades tiene que estar plenamente garantizado en el epicentro constitutivo del Estado Social, prevaleciendo la pluralidad, así como la apertura a los ciudadanos de opciones político-sociales que le brinden múltiples, no excluyentes ni monopilizables, vías de autorrealización en donde la meta del “buen vivir” se compense con el principio de solidaridad que debe animar la legítima contienda política en la siempre renovada prosecución de un Estado y una Sociedad cada vez más democráticos y representativos. El nuevo Estado, ese creado con visión Social, ha de estar edificado, como expresa Gándara, sobre el fecundo y creador “pluralismo social”, que conserve una clara conciencia de la solidaridad social, en donde los diversos grupos sociales tengan una clara conciencia de la común necesidad, sobre todo las clases menos favorecidas.

El Estado Social Bolivariano, está construido desde la base de políticas públicas justas, solidarias y plurales, tiene que tener mecanismos de control de los procesos sociales, por ello se sugiere la creación de “grupos sociales intermedios”, los cuales, con autonomía y funcionamiento garantizados, ha de fomentar el Estado Social en razón de su condición democrática y participativa, rechazando las estructuras oligárquicas y autoritarias que bajo la excusa de un aparente “desorden” e “ingobernabilidad” en algunos Estados, aspira dirigir el desarrollo social por la vía de la fórmula y el pretexto interventor. Nada más contradictorio del espíritu de solidaridad y cooperación del Estado Social, el cual se va haciendo en la medida que todos se adjudican en su espacio un respeto a las normas y preceptos básicos de la convivencia común.

Ahora bien, al constituirse el Estado Social Bolivariano, éste ha de ser auténtico y operativo, ha de promover y garantizar una verdadera democracia política, económica y social, que haga efectiva la participación de los más necesitados en los bienes materiales y culturales del Estado, sirviendo de freno a las ambiciones y apetencias desmedidas e insolidarias de quienes teniendo más aspiran minimizar a los sectores con grandes necesidades y carencias. El Estado Social ha de propiciar una integración que conlleve a un compromiso y de allí al desarrollo de solidaridades, porque para que el hombre prevalezca en sociedad ha de estar interactuando y planteándose objetivos comunes que le permitan avanzar.

En este último aspecto interviene lo que llamó Maurice Duverger la teoría de la integración. Según Duverger la integración política constituye el aparte organizativo del Estado moderno. Si bien la política había aparecido para disminuir el grado de violencia física entre los hombres de una sociedad, ésta no podía permanecer sin conflictos, es por ello que al darse la sustitución de la agresión como mecanismo de imposición de ideas, toma lugar la discusión, el diálogo, los procesos de ostracismo o elección por mayoría. La integración, expresa Duverger, “supone no solamente la supresión de los conflictos, sino también el desarrollo de la solidaridad”.

Pero si el Estado controla la violencia no está generando un cuadro de desigualdad ante su propuesta de integración. Es posible que algunos interlocutores, como los marxistas, establezcan que el Estado es coercitivo y autoritario por dejar para sí el uso de la violencia para impedir una mayor violencia. Pero a este respecto, remitiéndonos al pensamiento de Duverger, la política no es supresión de las violencia, sino centralización, monopolización y organización de los medios de violencia, ello le da una ventaja sobre la mayoría que es conglomerado de seres humanos a los cuales hay que orientar por mecanismos pacíficos de confrontación. Si el Estado tiene la potestad de organizar la violencia, podrá asumir el control de las situaciones sociales con mayor diligencia y por ende se convierte en la única opción de autoridad.

Una vez que la violencia ha sido dominada por el Estado, aparece la figura del compromiso. La idea de un compromiso (algunos autores hablan de Pacto Social, Contrato Social, Convenio, etc.) no viene impuesta por una necesidad de encauzar el desarrollo de la lucha política, sino poner fin a las intenciones de hacer de la vida social una excusa única y última de la política. En una palabra, y acá coincide esta apreciación con Gándara (1983) y Duverger (1968), la política en la sociedad moderna ha de estar justificada como vía para manifestar los conflictos por medios no violentos, pero si se hace necesario, por la vía de una revisión del compromiso, se puede llegar a eliminar cualquier rastro de antagonismo por la vía del cambio del compromiso. Que ello transforme el Estado en una pirámide autoritaria y despótica, a veces la postura radical es necesaria para reorientar los canales de confrontación. Lo que si no es posible, y con una mirada a la historia mundial de estos últimos diez años nos percatamos, es la consecución a tiempo indeterminado de posturas radicales de Gobierno.

En los regímenes democráticos del nuevo tiempo los compromisos cuando aparecen más justos son mucho más fáciles de solventar. Persiste la noción de justicia (un poco ahondada con Rawls anteriormente) como elemento fundamental para propiciar la integración. La definición de la justicia depende de las ideologías y de los sistemas de valores de la sociedad considerada. Casi siempre se encuentra fundada en la distribución de los bienes y las ventajas sociales dentro de una situación de penuria, en donde estos bienes y ventajas son más raros que las necesidades a satisfacer. El paso de las sociedades aristocráticas a las sociedades burguesas sustituyó el principio a cada uno según su nacimiento por el principio a cada uno según su capacidad a pesar de lo cual el nacimiento, en forma de herencia, continúa desempeñando un papel importante. El compromiso no es el finan de los antagonismos, sino una tregua que permite modificar las relaciones de fuerzas y, si es necesario, sustituirlas por otras que se adapten mejor a la búsqueda de coincidencias plurales.

La etapa final que permite cerrar el círculo en la intención de construir un Estado Social con luchas y conflictos controlables, plenamente integrados en donde cada persona mantenga sus vínculos sociales por sobre todas las diferencias, es la solidaridad. Duverger sentencia: “no existe integración social sin desarrollo de las solidaridades”. La solidaridad es el resultado, en primer lugar, de la propia estructura de la vida comunitaria, en la que cada uno tiene necesidad de los otros, de acuerdo con un entrelazado de cambios mutuos. Durkheim vio en la división del trabajo la fuente de este primer tipo de solidaridades, las cuales, si bien estaban poco desarrolladas en las economías cerradas primitivas, han ido creciendo según se iba produciendo la especialización de los intercambios.

La solidaridad tiene su razón de ser en la semejanza o la proximidad física de los miembros de la comunidad, así como en las representaciones colectivas que se crean de dicha semejanza y aproximidad; juega papel preponderante la identidad que cada quien tiene acerca de su sociedad y de sí mismos. Es la imagen que cada uno de nosotros tenemos acerca de nuestro entorno social, proyectada a la colectividad en un proyecto común de integración. Sin estas premisas básicas el Estado Social es irrealizable, violente y desconceptualizado de su razón de ser como organización que auspicia y promueve el “buen vivir”.

La base para que la teoría de la integración alcance su valor en el contexto del Estado moderno ya se ha puesto en práctica en realidades sociales como Inglaterra, Francia y Estados Unidos de Norteamérica; estableciendo reglas y procedimientos claros, a la organización colectiva de la sociedad sin caer en la selectividad, en la puesta en marcha de un proceso de concientización y educación en valores ciudadanos que fortalezcan la identidad de las personas, así como la promoción de una coerción social que enaltezca principios de justicia y equidad, reflejando que el Estado es el galante de la preservación del proceso social y no quien impone modos o estilos de convivencia. Los nuevos tiempos, bien lo ha reflejado Edgar Luttwat en su obra “Turbo-capitalismo” (2000), no es de los que monopoliza la toma de decisiones, sino de quien la pluralice.

Referencia bibliográfica (Parte IV)

 Ahumada, Consuelo (1998) El Modelo Neoliberal y su Impacto en la Sociedad Colombiana, Bogotá, El Ancora Editores.
 Agudelo Villa, Hernando (1966) La Revolución del Desarrollo, México, Editorial Roble.
 Azócar A., Ramón E. (1998) La revelación de Oanes, Ensayos acerca del Federalismo Libertario, Caracas, Edita Biblioteca de Temas y Autores Portugueseños y Centauro Editores.
 Banco Interamericano de Desarrollo (1985). Progreso económico y social en América Latina. Washington, D.C.
 Banco Interamericano de Desarrollo /PNUD (1993) Reforma social y pobreza. Washington-Nueva York.
 Berman, Marshall (1988) Todo lo sólido se desvanece en el aire, La experiencia de la modernidad, Editorial Siglo XXI, México, 11ava edición.
 Bilbeny, Norbert (1998) Política sin Estado, Introducción a la Filosofía Política, Editorial Ariel, Barcelona-España.
 Bodemer, Klaus y otros (2003) Políticas Públicas, inclusión social y ciudadanía. Caracas, Editorial Nueva Sociedad.
 Bustelo, Eduardo S. (1987) Políticas de ajuste y grupos más vulnerables en América Latina. Hacia un enfoque alternati¬vo. Bogotá, Fondo Económico de Cultura.
 Castoriadis, Cornelius (1983). La Institución Imaginaria de la Sociedad, (Vol.1) Barcelona-España, Editorial Tusquets.
 Cappelletti, Ángel (1995). La ideología anarquista, Caracas, Editorial Alfadil.
 CEPAL (2001). Una Década de Luces y Sombras: América Latina y el Caribe en los Años Noventa, Bogotá, Edita Alfaomega S.A.
 Colom, Antoni y Joan-Carles Mèlich (2001). Después de la modernidad, Nuevas filosofías de la educación, Barcelona-España, Editorial Paidós.
 Cunill Grau, Nuria (1997). Repensando lo público a través de la sociedad, Caracas, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo-CLAD, Editorial Nueva Sociedad.
 Chomsky, Noam y Edgar S. Herman (1981). Washington y el fascismo en el tercer mundo, México, Editorial Siglo XXI.
 Di Castro, Elisabetta (1981). Razón y Política, La obra de Norberto Bobbio. México, Editorial Fontamara-UNAM.
 D’ Elia, Yolanda y Thaís Maingón (2004). La equidad en el Desarrollo Humano: estudio conceptual desde el enfoque de igualdad y diversidad, Documento para la Discusión, Caracas, Editorial Torino bajo el auspicio de PNUD y Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GMBH Cooperación técnica Alemana.
 D’ Elia, Yolanda (2004). La Política Social y sus enfoques, Documento de Exposición en Power Point, Caracas, 48 láminas.
 Esteva, Gustavo (1996). Diccionario del Desarrollo, Lima, Perú, Edita PROTE.
 Fernández Santillán, José (2001). “Sociedad Civil y Derechos Humanos”, México, Revista Letras libres, febrero 2001, año III, número 26, pp. 12-14.
 Gándara, Alfonso (1983). Del Estado Liberal de Derecho al Estado Social de Derecho, Mérida-Venezuela, Edita Librería Universitaria.
 Heilbroner, Robert (1982). La formación de la sociedad económica, México, Editorial Fondo de Cultura Económica, quinta reimpresión.
 Jaramillo, Jaime E. (1995) Modernidad y posmodernidad en América Latina. Colombia, Centro de Escritores de Manizales.
 Jiménez, Roberto. (1977) América Latina y el Mundo Desarrollado. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello.
 Kelsen, Hans (1977). Esencia y valor de la Democracia, Madrid, Editorial Guadarrama.
 Lechner, Norbert (2000) “Nuevas Ciudadanías”. Revista Estudios Sociales, Fin de Siglo, Nro. 5, pp. 25-31.
 Luttwat, Edward (2000) Turbocapitalismo, ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en la globalización? Barcelona, España, Editorial Crítica.
 Merchán, Rafael. (2002) “Participación Ciudadana” .Revista Perspectiva, Bogotá, Nº 2, pp. 44-47.
 Merquior, José G. (1993) Liberalismo viejo y nuevo. México, Fondo de Cultura Económica.
 Ortega, Félix (1994) El mito de la modernidad, Barcelona-España, Editorial Anthopos.
 Pennacchi, Laura, Compiladora (1999) Las razones de la equidad, Buenos Aires, Editorial Losada.
 Ponce, Fernando (2003) Globalización, migración y derechos humanos. Quito, Material mimeografiado.
 Soriano, Graciela (1968) El Pensamiento Social de Charles Loyseau, Caracas, Instituto de Estudios Políticos, Facultad de Derecho.
 Sunkel, Osvaldo (1987) El Futuro del Desarrollo Latinoamericano: algunos temas de reflexión en Neoliberalismo y Políticas Económicas Alternativas, Quito, Corporación de Estudios para el Desarrollo, CORDES, pp. 21-58.
 Sunkel, Osvaldo (1995) “Neoliberalismo y neoestructuralismo en América Latina”, Segunda parte, en Revista Academia Colombiana de Ciencias Económicas, Bogotá, Nro. 46, pp. 6 -13.
 Stiglitz, Joseph (2002) El malestar en la globalización, Madrid, Editorial Taurus.
 Velazco, Luisa Fernanda (2002) “Lo etno del desarrollo”, Dirección: www.unimag.edu.co.